Más personal y medios: Andalucía refuerza la lucha contra las construcciones ilegales con un nuevo decreto

En los últimos tres años se han precintado 1.162 construcciones levantadas de forma ilegal en suelo rústico no urbanizable en Andalucía, un balance que responde a las nuevas medidas de control y a los planes de inspección que se han puesto en marcha por parte de la Consejería de Fomento. Pero en este tiempo se han producido cambios en la legislación como la generalización de la declaración responsable (que obliga a un mayor control a posteriori), la comunidad autónoma ha ganado más peso en las labores de control frente a los ayuntamientos y han evolucionado las condiciones de trabajo.

En este escenario, la Junta de Andalucía ha diseñado un nuevo plan de actuación y de ordenación de los recursos a través de un decreto que se encuentra en fase de exposición pública y que en la práctica supone que haya más personal destinado al control, con más medios, con más medidas de seguridad ante los "riesgos" que afrontan los funcionarios y con mayor capacidad de actuación cuando se detecte cualquier tipo de infracción en una parcela. A partir de 2026 serán agentes de la autoridad.

Contro de los asentamientos urbanísticos

"Los asentamientos urbanísticos surgidos al margen de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística conforman una de las infracciones territoriales que más impacto perjudicial tiene en la sostenibilidad del territorio andaluz desde el punto de la seguridad para la seguridad de personas y bienes, para la protección ambiental y para el impacto social y económico", recoge la memoria que advierte específicamente de la necesidad de incrementar la vigilancia: "El fenómeno parcelatorio comporta procesos cada vez más rápidos que exigen una vigilancia continua y la presencia en el territorio de funcionarios integrados", recoge la propuesta de nuevo decreto de funcionamiento del cuerpo de inspectores.

El nuevo decreto permitirá a la Junta de Andalucía crear un nuevo cuerpo de inspectores especializado que garantice una mayor presencia en el territorio y que permita intervenir rápido con medidas preventivas (como los precintos) ante cualquier construcción de carácter ilegal. De momento, esta unidad estará conformada por diez plazas que se corresponden con las habilitadas en la oferta de empleo público de la Junta de Andalucía de diciembre de 2023.

Refuerzo a los inspectores

Este cuerpo de subinspección, además, contará con nuevos medios materiales, y trabajará en coordinación con los inspectores ya existentes. El nuevo decreto refuerza además este cuerpo incorporando un elemento fundamental: los inspectores serán a partir de ahora agentes de la autoridad, lo que les facilitará la actuación a la hora de denunciar, precintar o acceder a una parcela de titularidad privada para comprobar si se está cumpliendo la normativa.

Podrán, de esta forma, imponer multas coercitivas; aplicar medidas cautelares como los precintos, inspeccionar con todos los medios a su alcance, incluso aéreos, propiedades privadas o implementar los expedientes necesarios para el resarcimiento de daños y perjuicios. En cualquier caso, siempre podrán requerir apoyo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Profesión de riesgo

Además de reforzar su capacidad de actuación, el nuevo decreto de la Consejería de Fomento asume que los trabajos de inspección y control de las construcciones ilegales en Andalucía se han convertido en una práctica de riesgo dadas las dificultades existentes y la reacción de los afectados: "Se han incrementado de forma exponencial las situaciones de peligrosidad y riesgo para el personal inspector en determinadas actuaciones por lo que es necesario que se doten de medios de protección", recoge la nueva normativa.

Entre otras cuestiones, se plantea la sustitución de la firma digital de persona física del personal inspector por una firma anonimizada que "garantice su seguridad". Es decir, que no se pueda reconocer quienes son las personas que han adoptado decisiones como un precinto o la paralización de una construcción.

Junto a esto, se plantea la creación de equipos de protección físicos adecuados deben ser dotados de vehículos propios para las visitas de inspección de forma que los desplazamientos requeridos se puedan realizar de forma inmediata o con medios digitales y sistemas de aeronaves no tripuladas 'UAS' que cumplan los requisitos de la normativa aplicable.

A esto se añade que dados los problemas existentes en materia de control de las construcciones ilegales en parcelas de uso rústico, la Junta de Andalucía acuerda que el personal inspector empiece a cobrar un complemento de peligrosidad. Esta será una de las mejoras en las condiciones laborales de una plantilla a la que la Junta quiere mejorar sus retribuciones y la movilidad horizontal y vertical.

1.162 precintos

Entre 2023 y 2024 se han realizado precintos por vía administrativa para frenar hasta 864 edificaciones sobre suelo rústico no urbanizable. Este año 2025, se han sumado otras 298 intervenciones de estas características por lo que en su conjunto se ha realizado este tipo de intervenciones en 1.162. A esto se añaden los reprecintos, es decir, las intervenciones de los funcionarios que detectan que en una zona se ha retomado una construcción después de haberse frenado.

Quienes hayan vulnerado las medidas preventivas se exponen a sanciones ejemplares. Concretamente, al ser una infracción urbanística muy grave las sanciones oscilan entre 30.000 y 120.000 euros, o se pueden ejecutar multas coercitivas por periodos mínimos de diez días por cuantías de 600 a 5.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de una posible responsabilidad penal por delito de desobediencia.