El juez del caso 'Mascarillas' abre causa contra el presidente de la Diputación de Almería por su viaje a Madrid pagado por la institución

El juez que instruye el caso 'Mascarillas' de Almería, que investiga presuntas irregularidades y 'mordidas' en contratos realizados desde la Diputación de Almería, ha acordado que se abra una nueva causa para investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación a raíz del viaje realizado por el expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García en junio de 2025 a Madrid con fondos públicos sin "ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial".

En un reciente auto, consultado por Europa Press, el instructor tiene en cuenta el informe policial presentado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a partir de su investigación, por la que ponían bajo lupa algunos viajes desarrollados por el expresidente pagados con fondos públicos pero considerados como "personales".

El juez estima que existen indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos, si bien ve los hechos como "completamente diversos de los que se investigan" en la causa principal, por lo que dispone que el asunto entre en reparto para que lo lleve otra de las plazas de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería.

En concreto, el citado informe hacía referencia al desplazamiento los días 26 y 27 de junio de 2025 del investigado junto con su jefa de gabinete a Madrid con gastos de desplazamiento y alojamiento sufragados por las arcas de Diputación por un importe de 1.892,84 euros sin que conste acreditada la "causa legal que generó la autorización de tales gastos".

Si bien el viaje se escudó en una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, la investigación policial reveló que el expresidente no llegó a pisar la sede de la entidad toda vez que tampoco habría mantenido contactos a nivel institucional. Sí quedaron registradas estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.

El importe generado por dicho viaje se aprobó mediante la autorización del gasto por el entonces vicepresidente segundo de la Diputación y también investigado en la causa, Fernando Giménez.

El magistrado José Manuel Rey Bellot acuerda así separar estos posibles delitos del origen inicial de la causa, que se centra en la presunta adjudicación de un contrato fraudulento para la adquisición de material sanitario por valor de dos millones de euros en la fase más aguda de la pandemia.

Este contrato, por el que inicialmente se detuvo en junio de 2021 al exvicepresidente tercer de la Diputación Óscar Liria, dio lugar al examen de más contratos presuntamente fraudulentos realizados por cargos de la Diputación "en consonancia con la participación de terceros y mercantiles que actuaron en connivencia con aquellos" para obtener beneficios ilícitos. La causa mantiene a 43 investigados entre políticos, funcionarios, empresarios, allegados y mercantiles.

La investigación judicial sobre la causa sostiene que existen sospechas fundadas de la comisión de hechos susceptibles de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación por actividades realizadas entre 2016 y 2021.

Las actuaciones parten del contrato para el suministro de material sanitario a través de la empresa Azor Corporate Ibérica, con comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación "fraudulenta" del contrato.

Los registros realizados en el domicilio de Liria y la intervención de dinero a su primo y también investigado Rodrigo S. apuntan a que el empresario K.L.S., como administrador de la empresa investigada, habría realizado entregas de dinero al político para que este, en un papel de "intermediario", le hiciera llegar supuestas comisiones al resto de cargo públicos de la Diputación investigados.

En esta línea, la causa también investiga la dinámica "presuntamente ilegal" en relación a las empresas Pulconal --en la que Liria tuvo participación durante unos cuatro meses-- y OYC Servicios Urbanos que, mediante una actividad "ficticia y simulada", se habría hecho con la adjudicación de hasta 16 contratos públicos de la Diputación "aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo de los investigados Óscar Liria y su tío, el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez Simón (PP).

Este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos con la Diputación Provincial de Almería como "eje" de la trama se habría producido, según los indicios, con el "pleno conocimiento, aquiescencia y participación" del expresidente de la Diputación y el exvicepresidente segundo.