Andalucía aprueba el decreto que permitirá a 45.000 funcionarios solicitar complementos salarial de carrera profesional

La espera está a punto de terminar. Unos 45.000 funcionarios andaluces podrán solicitar los nuevos complementos de carrera profesional las próximas semanas. Tras el acuerdo por unanimidad de los sindicatos, el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía antes de las elecciones aprobó el nuevo decreto que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOJA.

A partir de ese momento, de forma "prioritaria", se negociará y se aprobará la resolución para que 45.000 funcionarios puedan solicitar la primera de las medidas previstas en la normativa: la asignación a uno de los cinco niveles existentes en función de su antigüedad. A partir de ahí, se abrirá un plazo para las solicitudes y serán las consejerías las que tendrán que validarlo en un plazo de dos meses.

La primera convocatoria servirá para asignar a cada funcionario una plaza. Y desde ese mismo momento empezarán a cobrar los nuevos complementos en función del nivel que les corresponda. La Consejería de Función Pública prevé cerrar todo el proceso antes de verano y que en ese momento se puedan aplicar los nuevos complementos. Además, tendrá un carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Una de las quejas históricas de sindicatos y funcionarios andaluces era que los sueldos de la administración autonómica estaba por debajo de la media nacional. Así, desde el Gobierno que preside Juanma Moreno confían en que este aumento, que se aplicará a partir de los tres años de trabajo en la administración, suponga una mejora en las condiciones laborales y una mejora en el trato a la ciudadanía.

Aumento gradual

El objetivo es que el proceso esté cerrado y los trabajadores públicos reciban estos complementos, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, antes de que se vayan de vacaciones de verano. El decreto fija seis tramos. Este complemento se consolida una vez alcanzado aunque se pase a un siguiente tramo. De esta forma cuando se pase de nivel se cobrará el complemento del asignado más el anterior.

En concreto, se trata de un aumento gradual según los años durante los que se haya trabajado para la administración. Así, se fijan seis tramos según los años que los empleados públicos hayan desempeñado en la administración. Para subir de tramo, además de este criterio se tendrán en cuenta la formación, la innovación, la participación en la transferencia de conocimientos y la evaluación del desempeño.

Serán las consejerías de las que dependen estos funcionarios las que tendrán que validar las subidas en un plazo máximo de dos meses. Aunque los funcionarios A1 que llevan más tiempo en la administración pueden llegar a incrementar su salario en hasta 10.890 euros anuales. Sin embargo, la instauración del decreto será progresiva de aquí a 2030, por lo que estas cantidades no se verán hasta dentro de cuatro años.

Instauración progresiva

Los funcionarios que cumplan con los requisitos podrán cobrar en 2026 el complemento correspondiente al tramo I y el 20% de la cuantía fijada para el tramo II. En 2027 ya percibirán el 100% del tramo II y el 45% del tramo III. En 2028 la totalidad del complemento del III y el 60% de la cuantía del tramo IV. Ya en 2029 estarán implementados los complementos de carrera profesional del tramo I al IV.

El objetivo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que negoció el acuerdo con los funcionarios, es transformar la administración pública autonómica desde dentro, gracias al desarrollo de distintos decretos. Desde la Junta defienden la entrada en vigor de esta medida como forma para "acreditación de la competencia, el compromiso y la contribución al interés general de la ciudadanía".

También han aprobado la evaluación del desempeño, que viene a sustituir el complemento de productividad que estaba vigente hasta ahora. Sin embargo, su entrada en vigor no será una realidad hasta los años 2029 y 2030. En este tiempo, la administración deberá establecer los sistemas de evaluación del desempeño que implican un análisis del cumplimiento de objetivos individuales y colectivos de los funcionarios.