La Junta de Andalucía acudirá este jueves a la comisión estatal sobre el reparto de menores inmigrantes de Ceuta pese al pacto con Vox

La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía sí participará en la comisión sectorial convocada el jueves por el Ministerio para abordar el reparto por las distintas comunidades autónomas de los más de 1.300 menores llegados a Ceuta en la mayor crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma. Con esta presencia, que no implica respaldo a los planteamientos que el Gobierno central pueda realizar, el ejecutivo de Juanma Moreno se desmarca de la posición del resto de comunidades gobernadas por pactos PP-Vox. Aragón, Castilla y León y Extremadura han notificado al Ministerio que acudirán al estar las competencias en manos de representantes de la formación de Santiago Abascal.

"Siempre hemos tenido claro que íbamos a ir a la comisión del día 13", subrayan a este periódico desde la Consejería de Inclusión Social, que dirige Loles López. El Gobierno de Juanma Moreno mantiene así la misma línea de discurso expresada por el vicesecretario de política autonómica y local del PP, Elías Bendodo. El pasado viernes el ex consejero andaluz subrayó que las comunidades autónomas del PP, como Andalucía, cumplirían la ley aunque no estuvieran de acuerdo en alusión a la obligación que establece la normativa estatal revisada en 2025 para que cuando un territorio se encuentre saturado los menores inmigrantes no acompañados deben ser acogidos por otras autonomías. Este lunes el mismo Bendodo completó ese mensaje confirmando que el PP y sus gobiernos en solitario acudirían a la comisión sectorial para "escuchar" aunque no estuviesen de acuerdo. Tras esta comisión se tendrá que convocar la conferencia sectorial.

La asistencia a la comisión sectorial convocada por el Ministerio es el primer paso oficial que da el Gobierno de Juanma Moreno desde que la crisis migratoria de Ceuta abriera un nuevo choque entre PP y Vox por la obligatoria acogida de menores inmigrantes. Desde entonces en Andalucía la única declaración oficial la realizó el vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación y Justicia, Manuel Gavira, quien se limitó a expresar su rechazo a una posible acogida de más menores inmigrantes acogiéndose a los términos de su pacto de gobierno. No obstante, a diferencia de otros territorios, Gavira carece de competencias en materia de atención a menores más allá de la gestión del Instituto de Medicina Legal que realiza las pruebas de edad cuando así se lo requiere la Fiscalía.

Relación entre Andalucía y Ceuta

Andalucía tiene capacidad para acoger 645 menores inmigrantes en su red de centros que se encuentra habitualmente casi al completo. Durante las últimas crisis migratorias, como la de 2024 y 2025 en Canarias, la Junta de Andalucía cuestionó las decisiones y la estrategia del Gobierno de España pero al mismo tiempo respetó los acuerdos alcanzados y mantuvo siempre disposición a la acogida de menores en sus plazas disponibles.

Esta posición ha sido tradicionalmente más firme en el caso de Ceuta. Andalucía y la ciudad autónoma tienen un marco específico de colaboración abierto, regulado por un convenio que se renovó en 2024, para agilizar y facilitar la acogida de menores inmigrantes en los centros andaluces cuando fuese necesario. "El incremento de la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referente familiar desborda con frecuencia la capacidad de acogida y atención a la infancia en situación de vulnerabilidad en esos territorios y multiplica las dificultades para ofrecer una respuesta adecuada y basada en el interés superior del menor. El artículo 2 de la Constitución Española establece el principio de solidaridad interterritorial", recoge el texto firmado precisamente por la consejera andaluza Loles López y por el consejero de Presidencia de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán.

Con base en este acuerdo, cada año en torno a una treintena de menores son trasladados desde Ceuta a algunas de las plazas disponibles en Andalucía. La cifra incluso se ha llegado a incrementar cuando ha habido necesidad por parte de la ciudad autónoma y disponibilidad en el caso andaluz.

Desde 2025, no obstante, los traslados entre comunidades están regulados con base en una reforma de la Ley de Extranjería. Ésta establece que cuando en una ciudad autónoma o comunidad se sobrepase su capacidad de acogida se producirían traslados obligatorios al resto de autonomías. La distribución se acuerda en función de la población y los niveles de ocupación de los centros, entre otros factores.

No obstante, tras las últimas elecciones autonómicas Vox logró incluir en su pacto de gobierno con el PP andaluz el mismo compromiso que incorporó en Aragón, Castilla y León o Extremadura de no acoger más menores inmigrantes no acompañados en la comunidad autónoma.

Fuente: El Correo de Andalucía