La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años

El curso 2026/2027 arranca con cambios importantes para los profesores andaluces. El nuevo decreto que aprobó este lunes la Junta de Andalucía en Consejo de Gobierno regula el trabajo telemático, reduce las horas de clase de los docentes mayores de 55 años, concede más autonomía a los directores y aligera buena parte de la burocracia que soportan colegios e institutos. Son algunas de las medidas recogidas en las 97 páginas de una norma que afectará al día a día de miles de profesionales de colegios, institutos, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas.

No todas las medidas, sin embargo, son completamente nuevas. Algunas ya comenzaron a aplicarse durante el pasado curso mediante instrucciones después del acuerdo alcanzado en julio de 2025 entre la Consejería de Educación y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT. El decreto da ahora un paso más: las incorpora de forma estable a la normativa que regula el funcionamiento de los centros. Otras sí se estrenarán este curso y algunas, especialmente las que implican cambios en la estructura interna de los centros o desarrollos tecnológicos, tendrán una aplicación posterior o progresiva.

Desde UGT, quienes se muestran cautos ante la posibilidad de que las medidas de este decreto sean efectivas en la práctica, sostienen que este documento debe tratarse de un "punto de partida" para abordar otro tipo de medidas más específicas relacionadas con la reducción de la burocracia al profesorado. El sindicato Csif, por su parte, valora positivamente, en términos generales, este decreto, que "tiene más luces que sombras".

Una de las medidas que queda consolidada es la posibilidad de realizar de forma telemática buena parte del horario no lectivo. Reuniones de coordinación, programación, tutoría electrónica, cumplimentación de documentos, seguimiento del alumnado o determinadas tareas de formación podrán desarrollarse, con carácter general, sin necesidad de permanecer físicamente en el colegio o instituto. Para la delegada de Educación en Csif Andalucía, Elena García, era necesario que esta medida -que ya se venía aplicando este curso- tuviera su propia modificación normativa "con el rango que se merece".

La medida ya comenzó a aplicarse el pasado curso y responde a una antigua reivindicación del profesorado, que reclamaba poder realizar fuera del centro tareas que no requieren atención presencial al alumnado. La jornada laboral, en cualquier caso, seguirá siendo de 35 horas semanales. Habrá excepciones: las sesiones de evaluación continuarán siendo presenciales, al igual que la atención a las familias cuando estas soliciten acudir al centro. En los institutos, las guardias también deberán realizarse presencialmente.

El decreto también incorpora a la normativa los cambios en la jornada lectiva que ya comenzaron a aplicarse durante el pasado curso tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. En Infantil y Primaria, los maestros tendrán 23,5 horas lectivas semanales, aunque excepcionalmente podrán alcanzar las 25 cuando las necesidades organizativas del centro así lo requieran. En los institutos, la parte lectiva del horario regular queda fijada en un máximo ordinario de 18 horas semanales. Excepcionalmente podrá elevarse hasta las 21 cuando existan necesidades organizativas, aunque en esos casos deberá reducirse el número de guardias del profesor afectado.

Dos horas menos de clase a partir de los 55 años

Una de las novedades que sí tendrá efectos directos sobre las aulas es la reducción de la docencia para los profesores de mayor edad. Los docentes que tengan 55 años o más a 31 de agosto de cada año dispondrán de dos horas semanales menos de atención directa al alumnado. Eso no significa que trabajen dos horas menos. La jornada seguirá siendo de 35 horas semanales, pero ese tiempo se dedicará a otras funciones docentes que no impliquen atención directa a los estudiantes. La medida alcanza a Infantil y Primaria, Secundaria y distintas enseñanzas de régimen especial, como escuelas de Arte, conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas.

Precisamente, buena parte de las horas que un profesor pasa fuera del aula se dedica a programar, preparar clases, coordinarse con otros docentes, evaluar o realizar tareas administrativas. Y es ahí donde el decreto introduce otro de sus grandes objetivos: reducir burocracia. La carga administrativa fue uno de los asuntos centrales del acuerdo alcanzado en julio de 2025 entre CSIF, ANPE y UGT y la consejera de Educación, Carmen Castillo. La nueva norma pretende reducir el número de documentos que elaboran los centros, simplificar las programaciones didácticas y determinadas memorias y avanzar en la digitalización de solicitudes y comunicaciones.

La simplificación también llegará a la propia estructura de los centros más pequeños, aunque estos cambios no tienen por qué aplicarse de forma inmediata este septiembre. En los colegios de nueve unidades o menos, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica podrá dejar de existir como órgano independiente y sus funciones pasarán al Claustro. Algo similar ocurrirá en los institutos de 12 unidades o menos. Además, desaparecerá en los IES el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y se eliminarán órganos equivalentes en determinadas enseñanzas artísticas y conservatorios. La idea es adaptar la estructura organizativa al tamaño real de cada centro y evitar que colegios e institutos pequeños tengan que mantener los mismos engranajes administrativos que otros mucho mayores.

Más autonomía para los directores

El decreto también refuerza el papel de las direcciones. Determinadas decisiones que hasta ahora requerían acudir a instancias superiores, como las delegaciones territoriales, podrán resolverse directamente desde los centros. Es el caso, por ejemplo, de determinados traslados y anulaciones de matrícula en las enseñanzas de Música y Danza o de algunas ampliaciones de permanencia y anulaciones en las enseñanzas artísticas superiores. En los institutos, la dirección también asumirá competencias sobre la designación de las jefaturas de departamento y el nombramiento o cese de los tutores, a propuesta de la jefatura de estudios.

La Junta busca así conceder más autonomía a los equipos directivos, aunque acompañada de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. El objetivo de fondo vuelve a ser el mismo: que determinados trámites puedan resolverse dentro del propio centro sin tener que recorrer varios escalones administrativos. Para la delegada de Csif, los equipos directivos, además de asumir mayor responsabilidad, también deber obtener un "mayor reconocimiento de su labor". "Requieren de más medios en cuanto a horario para dedicar a la labor que realizan en su gestión de los centros educativos", apunta García.

Más tiempo para las tutorías

El decreto también refuerza una figura fundamental en el seguimiento cotidiano de los alumnos: el tutor. En Bachillerato deberá reservarse al menos una hora adicional por grupo para las tareas derivadas de la tutoría, dentro de las horas destinadas a coordinación docente. En aquellos institutos que no impartan Bachillerato, ese tiempo podrá destinarse a las tutorías de ESO.

Al mismo tiempo, se simplifica el listado de tareas administrativas atribuidas a estos docentes. La filosofía que recorre buena parte de la norma es liberar tiempo dedicado al papeleo para concentrarlo en funciones más directamente relacionadas con la educación: seguimiento académico, orientación, convivencia y comunicación con las familias.

El decreto busca, en definitiva, modificar menos lo que ocurre dentro de una clase que todo aquello que la rodea. Menos tiempo dedicado a trámites, más capacidad de decisión dentro de los centros y una organización del trabajo docente más flexible son los tres grandes ejes de una reforma que comienza a tomar forma este curso, aunque parte de sus efectos no se verán de manera inmediata.

Fuente: El Correo de Andalucía