El alcalde de Colmenar (Málaga), Pedro Fernández (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito sobre la ordenación del territorio.
El fiscal considera que el regidor concedió una licencia sin ejercer sus competencias disciplinarias en materias urbanísticas ya que era conocedor de que la edificación que se iba a construir no era agrícola.
El ministerio público basa su acusación en que al solicitarse la licencia de primera ocupación se aportó por parte del solicitante un croquis de la distribución de la vivienda (salón-comedor, cocina, baño, aseos y tres dormitorios) "por lo que era evidentemente que no era una edificación agrícola".
En el relato acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, se explica que existía un informe favorable de la arquitecto técnico municipal, (que también está procesada en este procedimiento) pero que el regidor "fue conocedor de la discordancia absoluta entre lo que se solicitaba y la normativa urbanística".
Además del alcalde en este procedimiento hay siete personas más imputadas, entre ellas, cuatro arquitectos, la pareja que promovió el edificio y el individuo que lo ejecutó.
En el escrito acusatorio se explica que la acusada, A.B.A., como arquitecto-técnico municipal del consistorio, informó favorablemente pese "a la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística".
Por ello, el fiscal pide en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Efe, que se le condene a un año de prisión por un delito sobre la ordenación del territorio.
Para los otros tres arquitectos se les pide a dos de ellos, P.F.V. y J.P.P., un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos por un delito sobre la ordenación del territorio al ser los responsables de la dirección técnica y facultativa de la construcción de la vivienda.
Y al otro, M.A.L.G., cuatro años de cárcel, veinte meses de multa y que se le prohíba ejercer la profesión de arquitecto, técnico o superior durante el tiempo de la condena por un delito de falsedad.
Supuestamente este último arquitecto, confeccionó en julio de 2004 un documento "de forma ficticia" que atestiguaba que la construcción gozaba de una antigüedad superior a los cuatro años, pese a que las obras acababan de finalizar.
Con este documento, los dueños de la vivienda pretendía dar a lo ilícitamente construido, apariencia de legalidad y permitir el acceso de la construcción al registro de la propiedad, para gozar de las garantías y derechos que otorga la protección registral.
A la pareja que promovió la vivienda unifamiliar se les pide cinco años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de falsedad y sobre la ordenación del territorio ya que actuaron "con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado".
