12 de junio de 2011
12.06.2011
Tribunales

Piden un año de cárcel al exalcalde de Cómpeta por un delito urbanístico

Además de Leovigildo López están acusadas cuatro personas más, dos de ellos pertenecientes a la comisión de gobierno

04.06.2011 | 15:31

El exalcalde de Cómpeta (Málaga) Leovigildo López (PP) se enfrentará a una petición fiscal de un año y tres meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años por un delito sobre la ordenación del territorio al conceder una licencia no adecuada a derecho.

El ministerio público señala en su escrito, al que ha tenido acceso Efe, que el alcalde, pese a conocer un informe de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía "categórico y claro" sobre la no adecuación de la licencia, procedió a otorgarla.

Debido a ello, Leovigildo López se sentará en el banquillo de los acusados el próximo jueves en el Juzgado de lo Penal numero 3 de Málaga, según han asegurado hoy a Efe fuentes judiciales.

Además del alcalde están acusadas cuatro personas más, dos de ellos pertenecientes a la comisión de gobierno, el asesor técnico y la secretaria del Ayuntamiento.

Estas cuatro personas también están acusadas de un delito contra la ordenación del territorio y que se enfrentan a la misma pena de prisión e inhabilitación.

Los hechos se remontan a noviembre de 2004 cuando una mujer solicitó al Ayuntamiento de Cómpeta la aprobación del proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar en una zona conocida como "Pago de El Cerro", en una zona no urbanizable.

El fiscal destaca en su escrito acusatorio que en marzo de 2005 la Junta de Andalucía formuló informe desfavorable al proyecto de actuación para la construcción de la vivienda al no ajustarse a lo establecido en la ley.

Además, entre otras irregularidades, la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio no consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos de la finca.

No obstante, y a pesar de lo anterior, E.A.Y., actuando como asesor técnico municipal, emitió un informe favorable "realizando una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística, ignorando de manera voluntaria, las causas en virtud de la cuales se emitió el informe negativo de la Junta de Andalucía", según el fiscal.

Esta "lamentable" interpretación fue corroborada y confirmada por la secretaria del Ayuntamiento, actuando como asesor jurídico, Y.N.V. "conocedora de la contrariedad a derecho del contenido del informe", siempre según la versión del ministerio público.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2005, la comisión de gobierno de la corporación municipal otorgó la licencia pese a conocer "el informe categórico, claro y evidente de la Junta de Andalucía".

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