La entrada en vigor ayer, primer día de marzo, del nuevo decreto para la regularización de las viviendas ilegales en suelo no urbanizable, así como de los cambios en la LOUA que el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de enero, en la última sesión de esta legislatura, ha despertado bastante interés en ciertos mercados extranjeros. Así lo subrayaban algunos propietarios de casas en el campo situadas en las inmediaciones del embalse de la Viñuela.

El empresario Lucas Barber, de origen norteamericano y afincado en Alcaucín, explicó que desde el pasado verano ha recibido peticiones de información de potenciales clientes nórdicos, en su mayoría suecos y noruegos. «El problema que se plantea ahora es la incertidumbre sobre cuánto tiempo va a necesitar un propietario para legalizar su casa y poder ponerla a la venta. Porque hemos detectado que muchas familias, tras sufrir el calvario que han tenido en los últimos años, están deseando volver a sus países o buscar otros lugares donde invertir».

A ese sufrimiento corresponden casos tan paradójicos como los de muchos clientes de Ignacio Herrera, responsable de la inmobiliaria Mundo Rural de Vélez Málaga. «Imagínate lo que es tener escriturada tu casa, con todos los trámites correspondientes ante las personas que autorizan una escritura, y que luego te digan que es ilegal», relata. Para este conocido agente inmobiliario «la solución no pasa ni por el decreto ni por los cambios introducidos en la LOUA desde ayer. Aquí hace falta que se cambie tanto la Ley como el POTA que determina el desarrollo de la comarca de la Axarquía».

El fantasma de la despoblación. Herrera aboga por un crecimiento «con todas las restricciones que tengan que establecerse para no cambiar el tipismo ni agredir el enorme potencial medioambiental del interior de la comarca, pero que sustituya la vinculación agrícola y ganadera de las futuras viviendas, «por la vinculación al turismo residencial». Y argumenta que no se opone «a que se declaren no aptas» para estas posibles construcciones en suelo no urbanizable «ni las áreas que en términos agrícolas sean productivas, ni las que se encuentren en áreas protegidas».

El problema -agrega Luis Soto, otro agente- se localiza en que la LOUA actualmente no genera alternativas para el interior de la comarca de la Axarquía, con el consiguiente fenómeno de la despoblación que se ha empezado a generar en multitud de localidades de escasa población. Ignacio Herrera recalca que entre la población extranjera y nativa, aquellas personas que escrituraron sin saber lo que se les venía encima «se sienten estafados». Esa situación ha reducido a mínimos históricos las ventas de viviendas en el campo axárquico y amenaza con mantener el «panorama incluso a medio plazo».

Estos agentes consultados ayer recalcan que no se oponen a modelos medioambientales que sean sostenibles. El propio Herrera indica que la Junta de Andalucía podría permitir la construcción en las fincas que impongan a sus edificaciones la tipología autóctona, de una planta y con la reforestación que se considere adecuada, hasta del 60% o por encima del 70%, o que se obligue a instalar saneamiento propio. «Pero lo que no se puede es cerrar la puerta a cualquier tipo de construcción», dice.