Creyeron que la grave crisis del pepino sufrida en 2011 era ya pasado. Pero lo peor quizás estaba aún por llegar. A finales de este pasado año, la empresa Bioalgarrobo S.L., especializada en la exportación a Alemania de cultivos hortofrutícolas ecológicos, vio cómo la Junta se oponía a que reformase sus instalaciones para «reajustarlas a los cada vez más estrictos requisitos comunitarios».

Paradójicamente, de hablar de las posibles ayudas que paliasen el desastre marcado por la crisis del pepino, se pasó de la noche al día a pensar en el cierre de las instalaciones. «La Consejería de Obras Públicas y Vivienda nos informó de que la parcela donde nos encontramos desde hace años está calificada como suelo no urbanizable, sin poseer la categoría requerida por Europa de suelo industrial». El presidente de Bioalgarrobo S.L., José Carlos Varela, señala que de inmediato iniciaron una serie de conversaciones con la totalidad de las fuerzas con representación plenaria, que no dudaron en prestar su apoyo para establecer un cauce administrativo a la hora de salvar ese obstáculo.

«Se trataba de no tener que cerrar como empresa y vernos obligados a despedir a una treintena de trabajadores que de forma indirecta dan empleo a otros tantos agricultores y en total a unas 200 personas incluidos los transportistas», agrega Varela.

Cambio de uso de estos suelos. La alcaldesa, la andalucista Natacha Rivas, manifiesta que el último pleno de febrero se logró desbloquear «la innovación» del Planeamiento General «para la creación de un Suelo Urbano No Consolidado con uso industrial-comercial», en las Parcelas 34 y 35 del polígono 5 del término municipal, «como apoyo a la continuidad de la actividad industrial de esta empresa mercantil».

Esto va a permitir que la empresa de Algarrobo pueda construir unas nuevas instalaciones sobre dichas parcelas en el plazo de un año y continuar mientras tanto con su actividad industrial, manteniendo todos los puestos de trabajo.

El responsable de Bioalgarrobo S.L. insiste en que el acuerdo de las distintas fuerzas políticas ha sido posible porque, de los 3 millones de euros facturados anualmente, el 80% se queda en el municipio. «Apenas tenemos unos cuantos proveedores externos, para la adquisición de cartón o de algún que otro material más», explica.

Varela manifiesta asimismo que cuatro de cada cinco kilos de fruta que procesan son consumidos por clientes alemanes, mientras que un 10% de la producción se destina a los países nórdicos y el 10% restante al consumo nacional. España aún no es mercado preferente para el consumo ecológico.