La reunión celebrada ayer en la Diputación de Málaga para buscar un acuerdo y abrir el instituto La Maroma sólo sirvió para alargar aún más la solución del problema. El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PP), rechazó visitar el centro educativo basándose en el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, que desestimó la autorización solicitada por el Consistorio para entrar en el edificio el pasado mes de febrero.

El regidor benamocarreño expuso esta situación en el encuentro mantenido ayer con el delegado de Educación, Antonio Escámez, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y una representación del AMPA del instituto. Lucena señaló que «la Junta se opone a que el Ayuntamiento entre en las instalaciones a inspeccionarlas».

«Por ahora no se nos permite la entrada, así que no entendemos que el delegado de Educación nos invite a visitar el centro», resaltó Lucena tras el encuentro que mantuvo Escámez con varios padres a las puertas del IES La Maroma, afirmando que la Junta está haciendo «un uso partidista de este tema».

Por su parte, Escámez criticó la «obstaculización» del regidor benamocarreño sobre el conflicto, «ya que se ha opuesto nuevamente a la solución del problema, amparándose en hipotéticos impedimentos legales que no hacen sino esconder su falta de voluntad para resolver esta situación».

En referencia al auto judicial, «el alcalde dice que ahora el juzgado le impide entrar en el edificio y eso es rotundamente falso», apuntó Escámez. «La propiedad es de la Junta de Andalucía y en él están los expedientes de los alumnos y nuestra responsabilidad es custodiar toda esa documentación y el edificio. Sin embargo, en todo momento hemos mostrado total disponibilidad para abrirles el centro cuando quisieran y continuamente se lo hemos ofrecido en diversos escritos».

Ayer, la Junta remitió un nuevo escrito al Juzgado para «reiterar la disponibilidad de esta Delegación a facilitar el acceso al centro educativo de los técnicos municipales, para que puedan realizar las inspecciones que consideren oportunas», dijo Escámez.

La Delegación de Educación se muestra dispuesta a firmar un segundo acta de ocupación, pese a que se suscribiera una con anterioridad en el año 2008, con tal de que se pueda abrir el centro. Escámez señaló además que el Ayuntamiento aún no ha justificado ante la Consejería los 1,3 millones de euros –1,8 millones ya sumados los intereses de demora– y la deuda a la constructora del IES a la que «le deben 1.450.000 euros».

Los grupos políticos en la Diputación de Málaga también se han manifestado sobre este conflicto. El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, criticó ayer la actitud «ruin y mezquina» del PSOE y de la Junta de Andalucía «al querer frenar cualquier tipo de solución», así como «querer sacar provecho electoral».

El portavoz socialista en la institución provincial, Francisco Conejo, culpó directamente al regidor de Benamocarra, «que se niega a la inspección de las escolleras del patio, lo que sería un primer paso para autorizar las obras pendientes y abrir el instituto. El alcalde se negó ayer a que los técnicos acudieran al centro, por lo que no hay voluntad real por parte del alcalde de Benamocarra».

Pero, sin duda, los que sufren todo estos enfrentamientos políticos son los padres con alumnos matriculados en el instituto, de los municipios de Benamocarra, Almáchar, Iznate y El Borge. «Nuestros hijos no están bien, y están bajando su nivel académico», resaltó Ángeles Gutiérrez, secretaria del AMPA. Los estudiantes llevan ya 48 días en las aulas prefabricadas en el instituto Joaquín Lobato de Torre del Mar.

Por ello, siguen movilizándose para que se levante el precinto cuanto antes. Hoy tienen previsto manifestarse en Málaga, partiendo desde la calle Larios a las 11.30 horas hasta la Subdelegación del Gobierno.