Las ocho personas que fueron detenidas en el marco de la operación Tristán, que investigaba una trama que presuntamente alteraba fraudulentamente el catastro a cambio de comisiones ilegales en Málaga, han quedado en libertad. Se trataba de un nuevo episodio dentro del caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que saltó hace tres años.

Dentro de esta operación, unos seis arrestados pasaron a disposición judicial, mientras que dos quedaron en libertad después de declarar ante la Guardia Civil de Málaga. El viernes de la semana pasada fueron trasladados al Palacio de Justicia de Vélez Málaga, donde prestaron declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Irene Urbón.

Entre ellos se encontraban el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba -que actualmente es concejal del Partido Independiente Sierra Tejeda- así como el exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, Francisco José Mora, a los cuales se les mantienen los cargos de falsedad documental, cohecho, estafa y prevaricación urbanística. Su abogado, José Carlos Aguilera, explicó que su cliente no tiene ninguna relación con esta nueva fase de la investigación y que no se han presentado más cargos contra él.

Su implicación en esta pieza separada del caso «se reduce a lo que ha sido hasta ahora su intervención en este asunto, que serían posibles alteraciones de certificaciones catastrales que datan de muy antiguo y por tanto, se trata de delitos que serían menos graves y algunos de ellos habrían prescrito», argumentó el letrado.

Los seis interrogados fueron puestos en libertad sin fianza ese mismo día, y la juez únicamente está pendiente de decidir si finalmente se la impone a uno de ellos, el abogado arrestado también con anterioridad en el año 2009.

Bajo esta operación también fueron detenidos el exsecretario municipal de Alcaucín, un promotor inmobiliario, un funcionario del Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación y dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga. La Guardia Civil investiga en este caso la presunta modificación del catastro a cambio de comisiones, con el fin de que personas que pensaban comprar suelos en Alcaucín, la gran mayoría de ellos extranjeros, creyeran que podían construir viviendas legales.