23 de septiembre de 2012
23.09.2012
Viviendas irregulares

"La Junta hizo el decreto con prisas y no nos sirve"

Propietarios de viviendas irregulares de la Axarquía elevarán su demanda a los nuevos dirigentes regionales

23.09.2012 | 07:00

­Los propietarios de unas 11.000 viviendas irregulares que la Junta de Andalucía aseguró que podrían mejorar su situación con la puesta en marcha del nuevo decreto se muestran en su mayoría contrariados con el curso de los acontecimientos. No culpan directamente a la Administración autonómica de la lentitud del proceso, donde multitud de ayuntamientos «tienen la pelota en el tejado», al carecer de inventarios rigurosos sobre las casas ilegales de sus términos, pero sí que consideran que el decreto no les vale.

«Ese documento se hizo con las prisas de las elecciones autonómicas. No nos sirve. Es como papel mojado porque no hay forma de que se reconozcan nuestras aspiraciones. Y tampoco se ha demostrado que sea operativo al regularizar las casas», sostiene el residente británico en La Viñuela y portavoz de otros 400 afectados bajo las siglas de Soha (la asociación Save Our Homes in Axarquía), Philip Smalley.

Algunos técnicos arrojaron ya hace meses la toalla. Les dijeron a los propietarios que el decreto no era de aplicación en cuanto a las casas en suelo no urbanizable de la Axarquía y de otros municipios como Mijas o Estepona. En este sentido, el arquitecto Tomás Tofanari, que desarrolla su labor en La Viñuela, se muestra rotundo: «El decreto abrió una puerta y la sigue ofreciendo para urbanizaciones. Pero para las viviendas aisladas en el campo da muy pocas ventajas. No está escrito para resolver el problema de las casas unifamiliares en el suelo no urbanizable».

Smalley, por su parte, ha avanzado que está a la espera de una reunión en Sevilla con los nuevos dirigentes de la Consejería de Fomento y Vivienda. En ese encuentro pretenden exponer que el decreto «debe anularse» y que en virtud del intento fallido «hay que redactar otro nuevo si se quiere avanzar en la solución a la problemática existente en esta zona del sur de España».

«Los ayuntamientos nos dicen que no tienen herramientas para desarrollarlo y la realidad es que seguimos sin protección legal», añade el presidente de Soha, sobre el suelo asimilado fuera de ordenación que nació con este decreto.

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