La juez del caso Arcos, Irene Urbón, dictó su auto para procesar a 51 personas y archivó los cargos contra 15 a mediados de junio, pero la trama de corrupción de Alcaucín aún sigue encerrando secretos que comienzan a conocerse a medida que se hace público el sumario. En ese documento judicial, la instructora, que ha cambiado Vélez por un juzgado de Barcelona, sitúa a cuatro personas como «principales imputados» en la red, la cabeza de una maquinaria engrasada para hacer del urbanismo del municipio el oscuro objeto de su deseo, los cuatro vértices del proceso.
Según consta en el auto, el exalcalde socialista, José Manuel Martín Alba, conocido como el Calayo por su afición al cante, «era quien adoptaba las decisiones municipales en materia urbanística, gran parte de ellas sin recabar los preceptivos informes jurídicos y técnicos».
Por otro lado, se encuentra Pedro Grandfils, «asesor urbanístico con despacho profesional abierto en Alcaucín, que, a pesar de carecer de título, era considerado por sus clientes como abogado».
La juez apunta también a José Francisco Mora, arquitecto y funcionario de la Diputación, «sin olvidar la relevancia de la actuación pasiva y negligente del secretario del Ayuntamiento, Ernesto Rodríguez-Martín, persona responsable de velar por el respeto a la legalidad en la actuación administrativa municipal». Son los cuatro gigantes de Alcaucín, a los que la juez señala como «principales imputados».
Urbón asegura que el alcalde dictaba presuntas resoluciones contrarias a la normativa urbanística, decisiones que autorizaban la parcelación y urbanización del suelo no urbanizable «y la realización de cientos de construcciones contrarias a la normativa». Por medio de informes «y certificados falsos, emitidos por distintos imputados, se trató de dar apariencia de legalidad a las licencias y a las construcciones, siendo éstos utilizados para alterar las bases del Catastro y del Registro de la Propiedad».
En un rápido resumen de la trama efectuado antes de entrar a analizar promoción por promoción, la instructora asegura que existen indicios fundados de que se exigió dinero por parte del alcalde o empleados públicos, entre ellos José Mora, o de algunos trabajadores del Catastro.
A Grandfils, la juez le atribuye «un papel fundamental», por ser quien, «conocedor de las debilidades del sistema, ideó la mayor parte de actuaciones tendentes a la ocultación de la ilegalidad de las actuaciones urbanísticas», actuando, siempre según la togada, en colaboración con un trabajador del Catastro en determinados asuntos.
En el auto, la juez agrupa las grandes promociones afectadas y las llevadas a cabo por pequeños promotores y particulares. La trama saltó a la luz el 29 de febrero de 2009, cuando la Guardia Civil registró el Ayuntamiento, varias dependencias municipales y detuvo al regidor. Fueron denuncias anónimas de vecinos las que llevaron, en septiembre de 2008, al Instituto Armado a iniciar las pesquisas que acabaron precipitando el caso Arcos.
