El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, para el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión por el caso "Arcos" contra la corrupción urbanística, ha calificado hoy de "barbaridad y disparate como un templo" esta petición.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Málaga para 49 imputados después de que la instructora del caso procesara el pasado junio a 51 personas, entre ellas a Martín Alba, que dejó el PSOE tras su detención en 2009 y actualmente es concejal independiente.
La Fiscalía acusa al exalcalde de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias por los que le pide penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En declaraciones a Efe, Martín Alba ha asegurado que sabía que el fiscal iba a pedir para él la máxima pena "porque piden por pedir, sin argumentos y a mí me tienen enfilado".
Ha dicho que esto es injusto y que la justicia debe ser igual para todos, ya que en toda la comarca de la Axarquía hay viviendas en el campo, "pero parece que sólo yo tengo que pagar por ello, mientras la Junta de Andalucía miró para otro lado".
El exalcalde, que fue encarcelado en marzo de 2009 y abandonó la prisión tras abonar una fianza de 120.000 euros, ha declarado que otorgó licencias entendiendo que eran legales.
Ha reconocido que los regidores de la Axarquía concedieron licencias a su criterio, sin que nadie les advirtiera de que eran ilegales, puesto que no existía asesoramiento técnico en los ayuntamientos, "y ya a partir de 2005 o 2006, tuvimos a nuestra disposición personal en el área urbanística y todo se hizo mediamente bien".
El exalcalde ha insistido en que todo este proceso contra él se basa "en meras sospechas" y su conducta presuntamente reprobable no se puede demostrar, ya que no existen pruebas, al tiempo de que ha advertido de que muchos presuntos delitos de los que ha sido acusado ya han prescrito.
Ha precisado que tiene la "conciencia tranquila" y ha afirmado que tiene ganas de que se celebre el juicio para aclarar muchas cosas y resolver cuestiones "que no hay por donde cogerlas, porque pensaban que esto iba a ser una segunda Marbella y finalmente todo quedará en nada".
El caso "Arcos" se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, dio lugar a la imputación de más de 70 personas y se cerró la fase de instrucción en junio pasado tras generar actuaciones que ocupan casi 50.000 folios.
La acusación se dirige contra 27 empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.
