El Ayuntamiento de Torrox confirmó ayer que ha presentado, a través de sus servicios jurídicos, una querella contra un oficial de la Policía Local, integrante del sindicato UPLB -mayoritario en la plantilla-, después de que en presencia de otros agentes hubiese amenazado con arrestar al alcalde, el socialista Francisco Muñoz, y pasearlo por todo el pueblo con las esposas para que los ciudadanos lo viesen detenido.

Así consta además en el expediente disciplinario incoado contra el funcionario. No es sin embargo la única querella que se ha presentado en las últimas fechas, porque el Consistorio reconoció ayer que ha formulado otras dos, contra sendos efectivos policiales, por presuntos delitos de «atentado contra la autoridad, amenazas, coacciones, falsedad, prevaricación y tráfico de influencias».

Este nuevo episodio, que en el municipio se suma a una larga lista de procesos judiciales en los que están inmersos multitud de agentes de la Policía Local, partió del pleno extraordinario del pasado 16 de julio, convocado por la oposición -mayoritaria frente a los seis únicos concejales del PSOE que conforman el equipo de gobierno-. Por entonces, como ya apuntó este periódico, se reconocía la nueva oleada de bajas policiales que se habían producido tras haberse culminado, según fuentes municipales, hasta 39 expedientes.

Dos semanas más tarde, el 2 de agosto, el reseñado oficial acudió a las dependencias policiales y se encargó de elevar un atestado contra el regidor, «por un delito de injurias y calumnias vertidas por el alcalde contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones» durante el citado pleno.

En el atestado se les tomó declaración a los otros dos agentes querellados, como denunciantes, y a continuación fue remitido a la Guardia Civil. El Ayuntamiento defiende que dicho procedimiento no siguió el conducto reglamentario, al carecer siquiera de registro de salida de la Jefatura. En la querella se incide en dicho documento, donde se declara denunciado e imputado a Muñoz.

El 23 de agosto, justo tres semanas después, el oficial se personó de nuevo en la Jefatura y profirió, según informe del secretario policial, los citados insultos y amenazas. A través de un comunicado, ayer mismo trascendió parte de los mismos: «Estos hijos de puta me van a expedientar por trabajar, se van a cagar. Al alcalde tengo que detenerlo, ponerle las esposas y pasearlo por todo el pueblo que lo vean detenido, y que el jefe se ande con cuidado, que lo voy a detener igualmente y ya habrá algo para meterles».

Ayer, este diario intentó sin éxito obtener la reacción de ambas partes ante esta serie de querellas. Fuentes sindicales de UPLB, sin embargo, analizarán hoy qué medidas tomarán acerca de la comunicación pública de una conversación que se mantuvo en el ámbito profesional de los agentes y que ahora se analiza en sede judicial. Uno de los compañeros de los efectivos querellados sostiene que el equipo de gobierno «quisiera ahora plantear un juicio público, de forma paralela, en el que el alcalde aparezca de víctima».

Las mismas fuentes se remitieron a la edición de La Opinión de Málaga del pasado 17 de julio, donde se recogían las palabras de Muñoz en el pleno. «Puso en duda de manera pública que dos compañeros hubiesen causado baja por un esguince cervical, al decir que los servicios jurídicos municipales estudiarían si realmente existían las lesiones con la intención de depurar responsabilidades», dijeron.

En dicha sesión, Izquierda Unida comunicó que alguno de los 39 expedientes abiertos contra agentes se habían resuelto en los tribunales. Y que generaron, como resultado, que el Ayuntamiento debía hacer frente a «más de 2.000 euros en gastos, entre indemnizaciones y pago de costas».