Un grupo de propietarios de viviendas que potencialmente podrían beneficiarse del Decreto de al Junta para la regulación de sus inmuebles -esperan desde hace casi dos años avances en sus expedientes- tienen previsto asistir mañana al pleno anunciado por el Ayuntamiento de Alcaucín y que va a servir, según denuncian, para que al menos sean anuladas las licencias municipales de obra de hasta 16 casas, edificadas en suelo no urbanizable.

Sostienen que son víctimas por partida doble: «Primero porque el anterior alcalde, detenido y pendiente ahora de juicio, permitió que los dueños de las fincas nos engañara, vendiéndonos viviendas que en realidad no eran legales. Y ahora, después de pagar mucho para legalizar las casas, se nos anulan las licencias y quedamos a la espera de posibles demoliciones, que ojalá no lleguen».

En un documento que figura sin firmar «por miedo a posibles represalias» explican que en el punto 4 del pleno de mañana aparecen hasta 13 viviendas cuyas licencias serán anuladas. En el punto a aprobar se expresa: «Incoación revisión de oficio expediente 1/2013 de las licencias urbanísticas relativas a la parcela 154 del polígono 10 de Alcaucín». En teoría, podría «salvarse una». Algo que definitivamente se conocerá durante el pleno.

Y en el punto 5 del orden del día también se someterá a aprobación el expediente 2/2013 sobre las licencias «de obras y de primera ocupación otorgadas a las edificaciones existentes en la parcela 114 del polígono 5 del término municipal de Alcaucín». Y en este apartado matizan: «Llama la atención que una de las tres casas parece salvarse, pero la segregación catastral está dentro de los cuatro años de prescripción, en el momento de la entrada en vigor de la LOUA».

En enero de 2012, en el último Consejo de Gobierno de la Junta hasta la fecha con el PSOE como único representante en el Ejecutivo, se aprobaba un decreto que aspiraba a regular 25.000 viviendas en Andalucía, de las que 11.000 estaban en territorio axárquico. Equo Axarquía, que hoy gobierna con el PP y el PA en Alcaucín, denunciaba entonces: «Lo que se legalizará con este decreto no son las casas, sino la corrupción en toda norma. Se trata de la política de los hechos consumados». Palabras que mañana podrían volver a escucharse.

Apelan al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Un grupo de propietarios de parcelas en los municipios de Alcaucín y Viñuela, en su mayoría residentes foráneos y adscritos al colectivo comarcal Save Our Home in Axarquía (SOHA) que defiende sus intereses en la lucha que mantienen por regularizar sus viviendas, adelantaban este pasado viernes que en la actualidad trabajan para que las autoridades españolas y europeas sean conscientes de que la normativa autonómica puede vulnerar sus derechos, de conformidad con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Uno de los aspectos subrayados por estos potenciales beneficiarios del Decreto autonómico aprobado hace casi dos años, «a las puertas de las pasadas elecciones autonómicas», es el «engaño» que ha supuesto el mismo, «como reconoce hasta el propio PSOE». En este sentido, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, algunos asociados de SOHA le recuerdan al Ejecutivo regional que la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, ya ha anunciado una modificación del propio Decreto, después de reconocer públicamente que el documento «no ha conseguido desde su entrada en funcionamiento que sea eficaz».

Los propietarios que accedieron a sus casas «sin conocimiento alguno de que carecían de las preceptivas licencias» exigen a la Junta que de una vez se efectúe una campaña activa «para la aplicación de la anunciada amnistía para los propietarios honestos de viviendas en la comarca de la Axarquía. Y agregan que esta comarca «ha sufrido un trato discriminatorio, no sólo en la última década, respecto a otros lugares de la provincia. Se nos ha demonizado», agrega.