­Trabajadores de la empresa pública Emvipsa de Vélez Málaga, que ya se movilizaron en la capital malagueña y mostraron pancartas reivindicativas con motivo de la manifestación del 1 de mayo, denunciaron ayer que el Ayuntamiento pretende practicar un ERE en el seno de una plantilla que sólo en el Servicio de Ayuda a Domicilio mantiene 180 puestos de carácter municipal. El colectivo señaló que no obstante dicha medida podría afectar a la totalidad de los empleados públicos adscritos a la entidad, en total «aproximadamente 350 trabajadores».

Uno de los portavoces de esta plantilla manifestó que el ERE «ya planteado por el alcalde en una reunión tiene la particularidad de que los sueldos proceden de la Junta, por lo que el gobierno se limita a gestionarlos». Los trabajadores recordaron que el regidor, Francisco Delgado Bonilla (PP), reconoció a principios de este año que Emvipsa «ha empezado a dar muy buenos resultados», de ahí que la decisión colectiva es «la de luchar por los puestos de trabajo», remarcan.

De momento, el comité de empresa mantuvo ayer un encuentro con representantes de la oposición plenaria y pasado mañana está prevista una «asamblea informativa», al filo de las tres de la tarde, en el Centro del Exilio veleño.

Delgado Bonilla negó la denuncia elevada por los empleados de Emvipsa. «Faltan a la verdad de forma rotunda. Se ve que tanto el PSOE como IU ya han empezado la campaña electoral del año que viene y están sembrando una intranquilidad sin sentido, a base de especulaciones. Hay una clara intencionalidad en estas movilizaciones. Dónde estaba el comité cuando el anterior gobierno dejó siete millones de deuda de la empresa pública con la Seguridad Social y Hacienda», se pregunta el regidor.

Además, explica que con el gobierno del PP se han pasado a abonar las nóminas «sin retrasos». Y manifiesta que se ha garantizado la viabilidad de la empresa: «Sí es cierto que nos hemos planteado poner en marcha una concesión administrativa para determinados servicios, que es una posibilidad que contempla la ley. Pero es una medida que parte de la complicada situación que hemos heredado del anterior gobierno, con más de 40 millones de euros de deuda comercial acumulada».

Delgado Bonilla apuntó que en el plan de pago a proveedores, por ejemplo, «se ha tenido que hacer frente a 3,5 millones sólo de la empresa Emvipsa». Y concluyó que la intención de privatizar ciertos servicios parte de una «necesidad» de regularizar contratos como los de limpieza de colegios públicos o de edificios municipales.

«Socialistas y comunistas jugaban aquí a empresarios, porque nos hemos encontrado a personas que trabajaban en Emvipsa sin tener contrato desde el verano de 2010. Y ahora encima quieren dañar nuestra imagen», finalizó.