­El equipo de gobierno de la Diputación ha abierto un expediente para estudiar la situación jurídica del diputado Abdeslam Lucena y comprobar si, conforme a la ley, puede seguir ocupando su puesto después de haber sido condenado, aunque no en firme, por los delitos de injurias, calumnias, prevaricación y desobediencia. Según resolvió ayer el grupo del PP, con el apoyo de los portavoces de PSOE e IU, que reclaman, no obstante, la destitución del político, la institución demandará a los juzgados una copia de la resolución para estudiar sus consecuencias inmediatas e iniciar los trámites correspondientes.

Las dudas legales se centran en inquerir si Lucena puede continuar en su cargo mientras se agotan las etapas judiciales o, por si el contrario, como sostiene el PSOE, que apela a la ley de régimen electoral, debe abandonar sus responsabilidades de manera automática y sin que sirva de lenitivo el carácter no firme de la decisión judicial.

Abdeslam Lucena, que también ejerce de presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, se enfrenta a un problema idéntico en el ayuntamiento que preside, el de Benamocarra, ya que la sentencia le condena a seis meses de cárcel y un año de inhabilitación como representante público. Según el propio Lucena, la corporación que él dirige ha emprendido el mismo proceso de consulta que ahora inicia la Diputación. En este caso, aseguró, los servicios jurídicos municipales le han dado la razón.

El portavoz de los socialistas, Francisco Conejo, se muestra, no obstante, convencido de que la continuidad del diputado choca frontalmente con la legislación, que, incide, ya en la sentencias no firmes veta la elección democrática de aquellos cargos que hayan sido condenados por delitos contra la administración.