16 de junio de 2014
16.06.2014

Achacan a la pesca ilegal la reducción en Maro de las praderas submarinas

Las cofradías de pescadores aseguran que son las primeras beneficiadas del buen estado de salud de los ecosistemas marinos con una mayor riqueza

16.06.2014 | 05:00
Praderas marinas en el Paraje de Maro-Cerro Gordo.

­Las cofradías de pescadores lamentan que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que dirige Jesús Maeztu, en su actuación de oficio tras tener conocimiento del deterioro que sufren las praderas marinas de posidonia oceánica del Paraje Natural Maro Cerro-Gordo, no haya especificado que dichos cambios, «de no venir derivados de agentes naturales, procedan de la pesca furtiva».

Los pescadores que desarrollan su actividad de forma legal se muestran «preocupados» por la imagen que pueda darse a las autoridades no regionales acerca de su esfuerzo «conservacionista». Y es que, como apuntan, «los pescadores legales» son «los primeros beneficiarios del buen estado de salud de los ecosistemas marinos más ricos».

El Defensor acusaba hace unos días de la reducción de las praderas marinas del término municipal de Nerja, y el vecino de Almuñécar, en la Costa Tropical granadina, a «los barcos de arrastre». Así mismo, subrayaba la «preocupación» de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la conservación de ésta y de otras praderas de posidonia oceánica en el Mediterráneo andaluz.

La Oficina autonómica iba aún más allá, al señalar que no aunque se hayan formulado distintas denuncias, de momento «no han tenido consecuencias para terminar con estas prácticas ilegales que tanto daño están haciendo a estos fondos de alto valor ecológico». Dichas palabras no sólo se han puesto sobre la mesa entre los pescadores «legales», sino que hasta la Junta tomaba esta pasada semana la palabra, en cuanto a la defensa de los arrastreros malagueños que ejercen su trabajo bajo regulación. Y también defendía el trabajo de los agentes medioambientales.

No obstante, el Defensor del Pueblo achacaba también a la administración autonómica el reseñado deterioro, «al haberse despedido recientemente a los vigilantes que, por cuenta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, llevaban a cabo esta labor».

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