Los propietarios de casas irregulares de la Axarquía solicitan una "moratoria"

­Un centenar de integrantes de la asociación Save Our Homes in Axarquía (SOHA), en representación de cerca de medio millar de afectados por la falta de regularización de un cupo importante de viviendas construidas en suelo no urbanizable o protegido en los términos de Alcaucín o La Viñuela, se movilizaron ayer ante el plenario de la Mancomunidad axárquica, en Torre del Mar, para demandar una moratoria «total y absoluta» y la congelación de los procedimientos abiertos para la demolición de determinados inmuebles.

Los demandantes mostraron su malestar ante la Junta de Andalucía por la falta de diligencia al aplicar un decreto «que tuvo un marcado carácter electoralista» y que no ha permitido, según su parecer, «dar ningún paso firme en la regularización de las casas irregulares de la Axarquía».

Pero también se quejaron de que el gobierno de la propia Mancomunidad, integrado por el PP y el PA, «no ha sido capaz de constituir en un año la mesa de trabajo que aprobó para abordar de manera seria este asunto».

SOHA recuerda que durante una década la Junta y los ayuntamientos axárquicos consintieron «con licencias o con su silencio», tal y como ha quedado demostrado con las «sentencias condenatorias que han llevado a la cárcel a algunos alcaldes o concejales», la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, «llegando a atraer con campañas a pensionistas de otros países, que adquirieron las casas de buena fe y que en algunos casos han muerto ya como consecuencia de las amenazas de la Junta de Andalucía para proceder a demoler las viviendas a las que destinaron los ahorros de toda una vida».

Los portavoces del colectivo, de origen británico en la mayoría de los casos, recordaron ayer la «mala prensa» que tiene la Axarquía fuera de España, «por culpa de gobiernos más propios de continentes en vías de desarrollo que de la Unión Europea». Así expresaron la incredulidad que produce haber hallado en Málaga inmuebles con «inscripciones manipuladas o falsas en el Registro de la Propiedad». Y volvieron a demandar el «peso de la justicia contra los que hicieron posibles esos abusos».

«Pero también son culpables los gobernantes actuales, al exigirnos el IBI o impuestos de transferencia patrimonial, así como tasas, si realmente hablamos de casas fuera de ordenación». Así justificaron ayer, en su escrito, esa moratoria que permita analizar «caso por caso cada situación familiar».