El espigón de la playa de Ferrara de Torrox tendrá 120 metros de longitud

­El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que da luz verde a la declaración de impacto ambiental para el proyecto de estabilización de la playa de Ferrara, situada en el corazón del litoral de Torrox y afectada durante dos décadas por innumerables temporales.

El documento establece definitivamente la construcción de un dique no sumergido de Levante, en el entorno del Faro torroxeño, de 120 metros de longitud, ocho metros de ancho y una profundidad del morro del espigón de 3 metros.

De esta forma, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desbloquea una iniciativa que requerirá medio millón de euros. De ese importe, el Consistorio torroxeño aportará 100.000 euros, consignados por el pleno a principios de este pasado verano, y la Diputación de Málaga también se comprometió a aportar la misma cuantía económica. El resto, tal y como también manifestaron los dirigentes del PP de Málaga, será afrontado por el Ministerio.

El informe ahora publicado certifica además el objetivo del nuevo dique: «Conseguir cierto grado de estabilidad en la playa a lo largo de todo el año, evitando la erosión que producen los temporales máximos anuales que ocasionan el arrastre de importantes cantidades de arena e incluso dan lugar a importantes daños en diferentes elementos, instalaciones y servicios de la playa».

Ahora se ha podido saber que el espigón partirá de la Punta de Torrox, accidente geográfico bastante conocido por figurar como referente del Mediterráneo más oriental en las cartografías marítimas, con una orientación de «28 grados Norte, de tal modo que los oleajes con dirección Este y Este Sureste incidan de forma prácticamente perpendicular».

Este aspecto permitirá, según los técnicos de Costas, «que el oleaje pierda sobre el dique gran parte de la energía que pueda alcanzar la playa». La tramitación de este informe medioambiental se inició el 29 de abril de 2013 y para elevarlo se requirió respuesta a organismos como Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, Subdelegación del Gobierno, diversas consejerías de la Junta o los colectivos ecologistas.