­La Junta de Andalucía respondió ayer con la «misma perplejidad» con la que el alcalde veleño, Francisco Delgado Bonilla (PP), habría recibido la noticia de que se había tramitado el cobro de un canon a 23 establecimientos de hostelería en Torre del Mar. Al respecto, la Delegación Territorial de Medio Ambiente denunció que en la actualidad existen otros tantos chiringuitos «en las playas del término municipal veleño sin ninguna autorización o concesión administrativa desde hace años».

En este sentido, la Junta incluso fue más allá: «El expediente en tramitación del lote de 40 chiringuitos, 29 existentes más 11 de nueva implantación, no se impulsa por el Ayuntamiento, que lleva desde el año 2011 sin aportar la documentación que exige la Ley de Costas». Así fue acusado Delgado Bonilla de propiciar una «absoluta inactividad municipal», al tiempo que se le acusa de «abusar de la ocupación del dominio público marítimo terrestre». Asimismo, se matiza el «asombro» del regidor acerca del escrito «remitido a varios ayuntamientos de la costa por la ocupación sin título de las terrazas de bares en las propias zonas de dominio público marítimo terrestre».

La denuncia, como explica la Junta, parte de los agentes de Medio Ambiente y son ellos los que la elevan antes de que se soliciten a los ayuntamientos la pertinente «autorización de ocupación». La administración autonómica recuerda que el nuevo reglamento de Costas propiciado por el Gobierno central admite las terrazas, pero que serán sancionados los establecimientos que carezcan de las mismas.

El Consistorio, en este caso, «estaría preocupado por un impuesto que desde hace años está cobrando por ocupación de vía pública, cuando en realidad se trata de un canon que le corresponde a Costas». «Es lo que le preocupa al Consistorio, que ahora el cobro del canon ya le corresponde a la Demarcación, incluidas esas terrazas que hasta ahora gestionaba». En este contexto, siempre según relatan los responsables provinciales de la propia Junta, ni existe error alguno ni se pretende la confrontación entre propietarios y el Ayuntamiento.