­La plataforma ciudadana Save Our Homes in Axarquía (Soha) no sólo decide esta próxima semana con qué siglas concurrirá a los próximos comicios en varios de los municipios de la Costa del Sol más oriental, como potencial voz para sus más de medio millar de asociados de origen foráneo -aunque en las últimas fechas ha incorporado también a numerosos ciudadanos españoles-, sino que también tiene previsto que los ayuntamientos de la zona eleven mociones donde se inste a la Junta a que modifique la actual normativa urbanística.

Soha nació con el objetivo de poner fin al problema que tienen numerosos propietarios de viviendas en suelo no urbanizable: la necesidad de buscar vías para la regularización de sus inmuebles. Sin embargo, la propia Junta de Andalucía, después de «diversos intentos que no han logrado el resultado apetecible por todas las partes ha reconocido que no ha hecho bien su trabajo», argumentan los portavoces del colectivo.

«Lo que queremos propiciar, después de saber en septiembre la verdadera opinión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la LOUA, es que verdaderamente se agilicen los cambios».

El presidente de Soha y concejal en La Viñuela, Philip Smalley, ya mantuvo el pasado 13 de enero una reunión con el regidor de su municipio, el socialista José Juan Jiménez, respecto a esta situación. En concreto, acompañado por otro integrante del colectivo, Mario Blancke, arrancó el compromiso de que la próxima semana se aprobará en pleno la moción en cuestión. Y la intención es extender esta iniciativa a muchos otros consistorios y administraciones, además de a las distintas formaciones con o sin representación en los distintos plenos o foros de debate.

«La moción tiene como objetivo buscar el apoyo del mayor número de ayuntamientos de nuestra comarca para instar a la Junta a tramitar una modificación de los artículos de la LOUA y del Decreto 2/2012 por los que se declaran ilegales todas las viviendas construidas en Suelo No Urbanizable posterior a 1975, todo ello a pesar de contar con todos los permisos municipales», señala Smalley.

Los portavoces declaran que han elaborado una «propuesta de mejora del Anteproyecto de Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que a su vez ha sido impulsado o propiciado por Soha y Auan, la asociación gemela de Almería». Pero agregan que dicho texto «ha sufrido unas modificaciones, haciendo inviable el documento tal como viene redactado».

La mejora resuelve básicamente ciertos problemas, explicaron ayer a este periódico, «proponiendo la creación de un nuevo grupo de viviendas que sería la vivienda irregular, construcción amparada por una licencia municipal, en contradicción con el artículo 52 de la LOUA por lo cual se les aplicará el régimen de Legal Fuera de Ordenación». A partir de ahí, a los servicios jurídicos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio les correspondería «encajar esta propuesta dentro del marco legal».

A Soha le llama «poderosamente la atención» las últimas sentencias por parte de los juzgados, donde dos municipios ya han tenido que hacer frente a una fianza civil de más de 3 millones de euros o a determinadas sentencias donde eran condenados los consistorios a pagar 150.000 euros por daños morales a dueños de casas irregulares.