La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha fijado el inicio del macrojuicio del caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, para el 7 de noviembre de 2016, según informaron fuentes judiciales a La Opinión de Málaga. En principio, se trata de la fecha oficiosa, pero ya se han señalado las primeras sesiones del plenario: seis en ese mismo mes, incluyendo la primera jornada, y otras dos en diciembre.
El proceso se prolongará durante buena parte del año 2017. Esta fecha, de cualquier forma, es provisional y todo está sujeto al buen cumplimiento de los trámites que restan. Si se tiene en cuenta que el juicio del caso Malaya, con 95 acusados, se prolongó desde septiembre de 2010 hasta julio de 2012, casi dos años, Arcos, con 49 procesados, durará como mínimo un año. Ya hay una funcionaria trabajando en este caso, y están por ver los refuerzos que pueda pedir la Sección Tercera de cara a culminar el procedimiento con éxito.
La tramitación de este caso no ha estado exenta de polémica, pues tras más de cinco años de investigación el juzgado de Vélez envió la macrocausa a la Audiencia en abril de 2014, pero en julio de eso año la Sala la devolvió al órgano de origen por un defecto de forma, lo que ha retrasado más el juicio.
Las primeras detenciones del caso se produjeron en febrero de 2009, y entre ellas se llevaron a cabo las del exalcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, para quien la Fiscalía pide 226 años de prisión -aunque el máximo legal es el triple de la pena mayor o, en su defecto, 20 años- y la del arquitecto de la Diputación Provincial José Mora, que se juega 111 años.
Al exregidor se le acusa de los presuntos delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias, mientras que a Mora se le endosan los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho y ordenación del territorio, entre otros.
Anticorrupción recuerda que Arcos se ha centrado en «varias tramas de corrupción urbanísticas» que operaron en Alcaucín durante una década, y que el proceso fue iniciado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en septiembre de 2008, de forma que fueron imputadas hasta 70 personas por el juzgado número 3 de Vélez Málaga y se originó un sumario de 30.000 folios.
La acusación va dirigida contra 49 personas, en su mayoría (27) empresarios dedicados a la promoción urbanística, además del exalcalde y dos de sus familiares, seis funcionarios, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados.
En el escrito, de más de 200 folios, se describen hechos acaecidos desde 1999 a 2010 calificados como 90 delitos de falsedad, dado que, según Anticorrupción, se manipulan firmas, sellos y textos, cometidos por autoridades o funcionarios del Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro «inducidos con frecuencia por los promotores»; 19 de falsedad en documento oficial, «atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos de contenido falaz»; diez delitos de falsedades imprudentes, que se le endosan al secretario municipal; 62 ilícitos de prevaricación del alcalde «por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la norma, prescindiendo de los informes»; siete prevaricaciones de arquitectos municipales o provinciales y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Eso sí, han prescrito numerosos delitos.
En total, el fiscal acusa por 20 delitos de cohecho, uno de fraude, otro de malversación, uno de estafa, dos de blanqueo y seis de tráfico de influencias, entre otros. Las pruebas básicas proceden de los registros efectuados en el Consistorio, la Diputación y un despacho de abogados en febrero de 2009, y en 2012 de las intervenciones del Catastro y el Patronato de Recaudación.
Este caso hunde sus raíces en el «auge urbanístico» que para Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas por parte de numerosos extranjeros residentes en la Axarquía, lo que desbordó la previsión de suelo urbanizable en el plan del 95.
Así, se multiplicaron «las infracciones urbanísticas», dice el fiscal en su escrito, de forma que el Ayuntamiento no sólo hizo dejación de su responsabilidad, sino que trató de «solaparlas» promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento «basados en un desmesurado aumento de suelo edificable».
