La asociación Solcom, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, ha mostrado su "total apoyo" a la familia de la menor del colegio de Rincón de la Victoria (Málaga) que presenta necesidades educativas especiales y discapacidad y cuyos compañeros de clase de cuarto de Primaria protestan por "las agresiones e insultos" que dicen recibir por parte de la pequeña.

Ante esto, Solcom ha instado a las administraciones a hacer efectivos los derechos de la pequeña y ha puesto a sus expertos a disposición de la familia, en el caso de que fuera necesario adoptar medidas "para minimizar los daños y para defender su honestidad, derechos y dignidad". Además, no descartan recurrir a la vía judicial.

En este sentido, la asociación ha indicado en un comunicado, firmado por su presidenta, María Luisa Ruiz-Jarabo, que, dada la "gravedad" de los hechos acontecidos en el CEIP Gregorio Marañón de La Cala del Moral, en Rincón, "emprenderemos aquellas acciones legales a nuestro alcance para el esclarecimiento de lo sucedido y la asunción de las responsabilidades que pudieran derivarse".

"Excluir, discriminar y estigmatizar públicamente a una menor constituye una grave violación de sus derechos humanos", han advertido, incidiendo en que "la administración educativa tiene la obligación de respetar y hacer efectivos los derechos de la niña, reconocidos por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional".

Dejación de funciones

Por último, han mostrado su "indignación", subrayando que "trasladar la culpa de la situación generada a la niña y su familia implica una dejación de funciones por parte de todas las instituciones implicadas, desde el colegio hasta las administraciones locales y autonómicas".

"Nos parece, sin duda, un deber de dichas instituciones el cumplimiento de las leyes en vigor, así como proporcionar los apoyos necesarios para que éstas se cumplan", han manifestado desde esta asociación para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social.

Tras las quejas de los padres de otros alumnos, los familiares de la menor aseguraron que "es rotundamente falso que nadie haya intentado contactar" con ellos para abordar la situación de la pequeña, que presenta "necesidades educativas especiales y discapacidad". De hecho, advirtieron de que llevan reclamando desde 2011 una atención adecuada.

Los representantes legales de la familia de la menor señalaron en un comunicado que "su derecho al honor, a la integridad física y a una atención escolar inclusiva y de calidad están recogidos en textos legales de orden superior a nivel europeo, que se están vulnerando sistemáticamente", apuntando que "más allá de los incumplimientos legales están las consecuencias sobre las personas, especialmente graves cuando se trata de la infancia".

Como consecuencia de este conflicto, desde la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía han reiterado que la menor recibe "atención individualizada" a través de una monitora, que "está presente en el aula cada día durante las cinco horas de clase".