Alcaldes, concejales y propietarios de viviendas irregulares en el interior de la comarca de la Axarquía han aplaudido que hace apenas unos días el Congreso de los Diputados diese luz verde a la posibilidad de que los «compradores de buena fe» de casas construidas en suelo no urbanizable, fuera de la ordenación establecida en los distintos municipios, sean indemnizados por la Administración antes de que se ordene la demolición de los inmuebles. Los regidores han remarcado que esta medida favorecerá la ansiada seguridad jurídica, que en el ámbito inmobiliario «tanto daño le ha hecho a la imagen exterior de Andalucía».
El alcalde de Alcaucín, el belga Mario Blancke (Ciudadanos), afirma que se trata de un paso muy positivo, «porque por primera vez tenemos ya la seguridad jurídica completa». Pero agrega que ahora la plataforma ciudadana de la que es portavoz, el colectivo Save Our Homes in Axarquía (Soha), fijará su atención en la Junta de Andalucía: «Tenemos ya varias reuniones en el Parlamento andaluz, con Ciudadanos y los dos grandes partidos, y a la espera de Izquierda Unida y de Podemos, para intentar que en esta nueva legislatura podamos mejorar las condiciones para regularizar las casas».
Sólo en esta comarca malagueña esperan poder mejorar la situación de sus inmuebles unas 15.000 familias, en su mayoría de localidades como Alcaucín o La Viñuela. Muchos de estos propietarios son de origen foráneo y el nuevo marco les permitirá ser indemnizados bajo la condición de «compradores de buena fe», en caso de que se ordene la demolición de sus viviendas, en caso de estén sometidas a una sentencia ya firme y no puedan ser normalizadas bajo ningún concepto.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la que va a establecer que los dueños de esas viviendas «declaradas ilegales por los tribunales» perciban una indemnización antes de que se ordene su demolición. La medida apunta que el juez o el tribunal que ordene el derribo exigirá, «como condición previa», salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, «la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe».
«Medida justa y necesaria»
El cambio se suma a otro que, como manifiestan estos mandatarios locales, se añadió a la reforma del Código Penal para paralizar los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.
El socialista José Juan Jiménez, alcalde de La Viñuela, reconoce que la medida aprobada en el Congreso «es muy justa y necesaria». Recalca que los compradores de buena fe que un día se trasladaron a la Axarquía para fijar su residencia tienen que tener «su reconocimiento».
No obstante, aunque la mayoría de los regidores del interior de la comarcaoriental aplauden este tipo de medidas, en consonancia a lo que opinan los portavoces de los afectados, las agrupaciones ecologistas ya han mostrado su descontento por este tipo de cambios normativos.
