Urbanismo
Alcaucín recibe avance del PGOU que permitirá regularizar viviendas ilegales
El plan también busca la protección de los espacios de valor ambiental y la creación de zonas de esparcimientos vinculadas con la naturaleza
EFE
El municipio de Alcaucín ha recibido por parte de la Diputación de Málaga el avance del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que, según el consistorio, permitirá legalizar como mínimo la mitad de las 1.200 viviendas irregulares inventariadas en el suelo rústico de la localidad.
El avance ha sido entregado al alcalde, Mario Blancke (C's), por el diputado de Fomento, Francisco Oblaré, y se trata de un documento de estudio de las necesidades urbanísticas de Alcaucín, que tiene como finalidad servir de orientación a la redacción del PGOU.
La Diputación ha informado hoy en un comunicado de que uno de los objetivos que se marca el plan es ordenar los desarrollos urbanísticos surgidos en los últimos años, de conformidad con la legalidad vigente, manteniendo una estructura de ocupación sostenible.
El PGOU también busca la protección de los espacios de valor ambiental del municipio y la creación de zonas de esparcimientos vinculadas con la naturaleza, así como potenciar nuevas actividades productivas, fundamentalmente de carácter industrial y de turismo activo.
El planeamiento vigente en el municipio lo constituyen las normas subsidiarias redactadas por la Diputación y aprobadas en 1995, que fueron adaptadas parcialmente en 2009 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Igualmente, de conformidad con el Decreto 2/2012 de regularización de viviendas irregulares, se redactó un documento de avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, que fue aprobado definitivamente en sesión plenaria en julio de 2013.
En la última década, han operado en Alcaucín varias tramas de corrupción urbanística, investigadas en el caso "Arcos", que ha supuesto el procesamiento de 51 personas, entre ellas el exalcalde José María Martín Alba, que fue detenido en febrero de 2009 y para el que la Fiscalía solicita más de 226 años de prisión.
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