La Junta avanza para modificar la LOUA y atender las peticiones de Soha

­El Parlamento andaluz acaba de poner en marcha el expediente del proyecto de ley que modificará tres artítulos de la LOUA y que evitará nuevas demoliciones de viviendas no regularizadas y edificadas en suelo no urbanizable, tal y como solicitaban los propietarios de muchas de las 15.000 viviendas afectadas sólo en el interior de la Costa del Sol oriental -los agrupados como asociación trabajan bajo las siglas de Soha: Saver Our Homes in Axarquía-.

Los portavoces de este colectivo con casas por regularizar sostienen que lo más significativo es que en base a la aprobación del proyecto en julio pasado, tras modificarse el texto en base a lo dictado por el Consejo Consultivo Andaluz, «ninguno de los grupos de la oposición ha presentado enmienda alguna a la totalidad». De esta forma, todo apunta a que las modificaciones saldrán adelante por unanimidad.

Dentro de un mes, además, tal y como recoge este procedimiento público, subirán a la tribuna los representantes de Soha y de otros colectivos de familias afectadas en otros rincones de la comunidad autónoma -son también numerosas en tierras almerienses-. A juicio de los integrantes de Soha, cabía la posibilidad de que Podemos se hubiese opuesto en ese primer trámite parlamentario, «porque no había conversaciones previas sobre este asunto». Pero ni siquiera hubo reparo alguno desde las filas de esta formación.

Las modificaciones agilizarán los trámites en cuanto al «objetivo de evitar demoliciones», porque beneficiarán a las viviendas irregulares construidas sobre parcelaciones ilegales: las que no aspiraban a ningún tipo de regularización. Sólo lograban esa vía legal las casas que eran reconocidas como parte de un asentamiento.

El alcalde de Alcaucín y portavoz de Soha, el residente belga Mario Blancke (C´s), señala que este logro se añadirá a lo conseguido en «este histórico 2015» en el Senado, donde se han establecido compensaciones a los propietarios de viviendas para las que se decrete finalmente la demolición. En estos casos se considera que el comprador de buena fe es víctima y no verdugo del procedimiento irregular que dio lugar a la ilegalidad.