Los familiares de la niña autista de Rincón de la Victoria, que ya ha cumplido los 11 años de edad y sigue a la espera de que pueda ser escolarizada en su domicilio, remitió ayer al juzgado de instrucción número 3 de Málaga la documentación sobre el estado de salud de la menor y que la Junta de Andalucía asegura que no ha recibido. De esta manera, pretenden que los tribunales resuelvan el retraso, a su juicio «totalmente injustificado», que acumula el caso desde el inicio del curso escolar.

Los progenitores reiteraron ayer que la Delegación de Educación ya tiene en su poder los informes médicos y psicológicos, «pese a las palabras de la delegada Patricia Alba, acerca de que hay un monitor esperando a la niña». E insisten en que no puede hablar de recursos disponibles desde septiembre «si no ha sido evaluada aún para saber cuáles de esos recursos necesita».

También se pronunció ayer el PP de Málaga, a través de la parlamentaria andaluza Patricia Navarro. Exigió esta formación a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que cumpla con su compromiso y dé atención domiciliaria docente a la pequeña que sufre autismo. «Que ahora la delegada provincial de Educación, Patricia Alba, se descuelgue diciendo que hay un monitor esperando meses en el centro, es una actitud entre la mezquindad y la ignorancia difícil de sostener por parte de un representante del Gobierno andaluz».

Respuesta de la Junta. La Delegación de Educación de la Junta en Málaga replicó ante las palabras de Navarro de la siguiente manera: «El hecho de requerir un informe médico, ante una posible atención en el domicilio, corresponde al obligado cumplimiento de las instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, para la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al centro docente por razones de enfermedad».

Acerca de que el PP solicitara a Alba disculpas por la situación o que ella misma ha puesto trabas e impedimentos a la escolarización domiciliaria, Educación expresó que no se trata de «traba burocrática alguna, sino que el procedimiento supone la garantía de que se acierta con la respuesta educativa al alumnado».

La Junta insiste además, sobre lo expresado por la familia: «A día de hoy ni en esta Delegación ni en el colegio donde se encuentra matriculada, que es el que ha solicitado el citado documento en varias ocasiones, se ha recibido ningún informe médico que desaconseje la asistencia de la menor al centro educativo, de acuerdo con la citada normativa. El hecho de que el año pasado sí se prestara asistencia domiciliaria era debido a que se siguió el procedimiento legal, presentando el informe médico pertinente», concluye la propia Alba.