El exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ha comenzado a declarar esta mañana en el juicio del caso Arcos contra la corrupción urbanística en el municipio. Así, el exregidor ha explicado, a preguntas del fiscal, que nunca leyó las normas subsidiarias que regulaban el urbanismo de la localidad en sus casi veinte años como máxima autoridad en el municipio (91-2009).
Este expolítico fue detenido en febrero de 2009 por el caso Arcos y el fiscal le acusa de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. Hoy, el tribunal ha declarado prescritos los delitos de otros dos acusados por cohecho y ordenación del territorio, de forma que de los 48 procesados iniciales solo quedan en el banquillo 388, entre los que han llegado a un acuerdo con el fiscal y los que delinquieron hace tanto tiempo que sus ilícitos han sido declarados extintos.
"Nunca, yo no tenía ni tiempo para eso porque tenía que llevar otras muchas cosas, no contaba con medios, lo llevaba todo, Cultura, Festejos, no tenía conocimiento de las normas subsidiarias hasta que en 2003 me informé en la Diputación", ha explicado Martín Alba, a quien se le piden 226 años de cárcel.
Antes, el exregidor ha explicado que fue ganadero, ya que su padre era cabrero, se dedicaba también a la obra y a los bolos que le salían como cantaor aficionado. También ha precisado que sólo cuenta con un certificado de estudios primarios y que en 1991, tras cuatro años como concejal, accedió a la alcaldía. "Yo no sabía nada de urbanismo", ha insistido.
Ha aclarado que en 1998 comenzó el boom urbanístico por el que muchos extranjeros se interesaron por hacerse una casa en el extrarradio del municipio y que las normas se aprobaron en 1995 y luego sufrieron varias modificaciones. "Yo pensaba que todas las parcelas mayores a 5.000 metros cuadrados se podían edificar", ha defendido.
El fiscal le ha preguntado si nunca nadie le explicó la diferencia entre suelo urbanizable y suelo no urbanizable, a lo que Martín Alba a respondido: "Cuando entré, las licencias se daban sin más, se daban de forma automática, pero no yo, todo el mundo", para insistir en que tampoco sabía nada de parcelaciones. "Yo no leía las normas, no tenía tiempo para leer las normas", ha apuntado.
Luego, el acusador público ha cuestionado al regidor sobre si siempre daba las licencias de obra, a lo que el exregidor ha apuntado: "Según, daba las que yo entendía, en zona protegida e inundable no se podía construir, no hay ninguna obra en suelo protegido".
Ha añadido, además, que el secretario tampoco sabía nada de urbanismo, y luego ha señalado por qué hubo tal proliferación de viviendas en el campo. "La mayoría de vecinos vivían en el campo, no es que el campo lo hiciera el alcalde, yo lo que he hecho es reformar la mayoría de las casas del campo, ponerles luz y agua", ha indicado.
Incluso, ha precisado que a los vecinos del pueblo no se les pedía proyecto, "si venía alguien de fuera sí". Tampoco sabía que, antes de la licencia, se requería un informe técnico y otro jurídico para concederla. "Eso me lo explicaron a mí después", ha precisado. Fue a partir de la publicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía cuando él se preocupó de conocer con más detalle las normas. "Yo daba las licencias entendiendo que eran legales", ha dicho, para acusar después al fiscal de obviar todos los informes favorables de la Junta de Andalucía en el sumario.
Martín Alba ha aclarado también que la mayor parte de las certificaciones que firmó son falsas. "Certificados no firmaba, informaba. Yo nunca he hecho un informe, no estaba capacitado, tenía un ordenador vacío", ha añadido, para insistir después: "Lo miraba, no firmaba muchos informes de esos, la mayoría de esos significados son falsos", ha agregado.
"Mi actuación fue la continuación de la firma de operar que había, se lo he repetido muchas veces y no sé cómo quiere que se lo diga", ha dicho Martín Alba al fiscal, visiblemente molesto por la minuciosidad del interrogatorio del acusador público, que luego ha empezado a preguntar, uno a uno, por los veinte casos urbanísticos.
La defensa del exalcalde pidió la nulidad del auto que permitió la intervención telefónica de su cliente y que luego posibilitó el registro en su casa y en el Ayuntamiento, así como también solicitó al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que diera por prescritos numerosos ilícitos que se endosan a su patrocinado, lo que el fiscal rechazó.
La vista durará hasta septiembre de 2017.
