09 de junio de 2017
09.06.2017
Medio Ambiente

Los empresarios detenidos en Nerja afirman que actuaron con el apoyo del Ayuntamiento

Los afectados por el escándalo de un vertedero ilegal en un parque natural afirman que hasta el viernes se mantuvo en la web municipal información para que cualquiera llevase sus escombros o restos de poda al vertedero del Río de la Miel

09.06.2017 | 01:29
Los empresarios detenidos en Nerja afirman que actuaron con el apoyo del Ayuntamiento

Restaurar este enclave costaría 10 millones de euros.

­Una docena de empresarios detenidos, en su mayoría vinculados al sector de la construcción, más de 30 personas investigadas y un supuesto delito medioambiental cuya restitución podría costar 10,7 millones de euros. Estos son los componentes, hasta ahora, de la operación de la Guardia Civil denominada Rubbish, que tiene como objetivo depurar responsabilidades por el vertido de residuos durante años en la antigua cantera del río de la Miel, en Nerja.

Las cifras son muy abultadas. La investigación abierta hace meses ha determinado que el «posible fraude» en la gestión de «residuos de la construcción y demolición podría ascender a más de 2,5 millones de euros, como coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos». Así lo expresaba la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado. No obstante, varios afectados remarcaban a este periódico que en esta operación «sólo aparecen mencionadas las personas que se hicieron cargo de la gestión de los residuos, pero no quienes permitieron durante años, y hasta hace sólo unos días, el vertido».

Ayer, consultados por este periódico, fueron más allá: «No puede negar nadie que hasta hace unos días en la web municipal se indicaba que cualquier ciudadano que tuviera restos de poda o escombros los podía depositar en el vertedero del río de la Miel, indicándose el horario».

Los propios empresarios alegan que ellos mismos fueron los que a raíz de las investigaciones abiertas por la Fiscalía decidieron clausurarlo, «no el Ayuntamiento, como ahora quieren hacer ver».

El equipo de gobierno desmintió ayer que hayan citado a alguno de sus integrantes como investigado. La regidora, la socialista Rosa Arrabal, dijo públicamente el pasado miércoles que la función de los actuales dirigentes «será la de colaborar en todo momento con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido». Pero también descartó cualquier detención en el seno del PP.

En un comunicado se alegaba que ni el exalcalde, José Alberto Armijo, ni ningún edil o exconcejal de su misma formación hubiese resultado detenido. Respondían así a los comentarios vertidos durante toda la jornada de este jueves en las redes sociales, como se alegaba en el mismo escrito.

La Guardia Civil insistió en que se han detenido inicialmente a 12 personas, en una operación coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, y en que hay otras 25 personas y 11 entidades jurídicas investigadas, con el bloqueo de 170 inmuebles (desde viviendas a embarcaciones) valorados en más de 5 millones de euros. Se acusa al colectivo de delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.

Pero también salpicaría el asunto a dirigentes locales e incluso al actual delegado de Medio Ambiente en Málaga, Adolfo Moreno, y la exsecretaria general de Medio Ambiente en Málaga, ambos por los delitos de «prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa».

Los técnicos, además, han puesto números a la cantidad de residuos vertidos en un paraje que está situado en el extremo más oriental del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Concretamente se han depositado de manera irregular más de 800.000 metros cúbicos. La Guardia Civil remarca que algunos de los residuos encontrados son inflamables «con riesgo de explosión por autocombustión». Además, está en riesgo «la estabilidad del terreno, mientras que se temen filtraciones de líquidos contaminantes a las aguas subterráneas».

Precisamente, ese último apunte, tal y como recuerda ahora IU, ya fue denunciado por su grupo municipal, con el PP en el gobierno, en el año 1999 y tres años más tarde.

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