El exalcalde veleño y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Francisco Delgado Bonilla, declaró ayer ante la titular del juzgado número 3 de la capital axárquica y defendió «una vez más» su inocencia en el proceso abierto por las obras que habría autorizado días antes de abandonar el cargo de regidor. Tal y como denunció el grupo municipal de IU, los trabajos impulsados por la concesionaria de aguas en el municipio, Aqualia, estaban basados en la conexión de un pozo a la red pública. La cuestión, según la documentación que ayer aportaron las partes implicadas, era saber si los mismos estaban basados en informes técnicos.

Para Delgado Bonilla, su sorpresa fue «mayúscula, al observar que el actual equipo de gobierno había dejado de aportar, cuando el tribunal así lo requirió, dos informes claves para el procedimiento». Dicha documentación se remontaría a hace más de una década, dentro de un plan de mejoras en la red hídrica del municipio al que se destinarían 5,3 millones de euros.

«Por entonces gobernaba también el PSOE, el mismo partido que ha ejecutado la conexión en el actual mandato. Si esa documentación, que ahora he tenido que aportar yo, estuviese en manos de la jueza, puede que no habría ni instrucción posible», lamentó el edil.

Delgado Bonilla, que en caso de que se archiven las diligencias está dispuesto a exigir responsabilidades, sostiene que todo en este caso está plagado de «descuidos muy extraños». Y remarca que debiera haber habido «mayor sigilo y profesionalidad por parte de algún técnico municipal al que se le requirieron, de forma directa, los informes a aportar sobre las obras que ejecutó ya en este mandato el actual alcalde socialista, Antonio Moreno Ferrer». En su defensa, el anterior regidor alegó también que desde el año 1993 se han desarrollado trabajos de mejora de redes por parte de Aqualia que se elevan a cerca de 10 millones de euros.

«Qué casualidad que se hayan fijado en un procedimiento que dejamos listo para su ejecución, como tantos otros, pero que puso en marcha el siguiente gobierno. Todas esas obras tienen el mismo interés general, la misma naturaleza, y están avaladas por informes técnicos que justifican todas y cada una de las actuaciones», finalizó.

Insistió asimismo en que en un periodo de sequía como el actual las obras de conexión de pozos a las redes municipales están bastante extendidas, puesto que se necesitan el máximo número de aportes para compensar la situación de otros pozos o de embalses como el de la Viñuela, el de mayor capacidad de la provincia y actualmente en situación de alerta.

«La decisión partidista de Moreno Ferrer ha puesto en entredicho, durante este procedimiento, la labor profesional, la honradez y respeto a la ley de los empleados públicos jurídicos y técnicos que intervinieron en el procedimiento administrativo», finalizó Delgado Bonilla. Y una vez más expresó en sede judicial que las obras comenzaron en junio de 2015, ya con el tripartito en el gobierno, y que el propio regidor socialista firmó su recepción el 22 de febrero del año pasado, «sin poner en ningún momento en cuestión su legalidad».