A la espera de las medidas autonómicas que prepara la Junta contra los anuncios de contactos y diversos soportes publicitarios que sirven de vehículo para la prostitución, algunos ayuntamientos malagueños han empezado a aprobar en pleno sus propias medidas a favor de la igualdad y contra este tipo de prácticas. Son los casos de Torremolinos y Mijas, aunque en los próximos meses podrían registrarse nuevas iniciativas en la línea a lo que prepara la administración autonómica desde finales del verano.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha reconocido que uno de los detonantes para impulsar este tipo de iniciativas fue la campaña de una empresa en el término de Vélez Málaga. El lema que desató la polémica fue «Cómeme to er higo». El texto fue mostrado en soportes públicos e incluso a través del vuelo de una avioneta por las playas de la Axarquía. Sin un marco regional contra el uso de determinados soportes resulta «mucho más complicado impedir la acción de este tipo de empresas», señalan fuentes autonómicas.

En cuanto a las acciones municipales ya reseñadas, el pleno del Ayuntamiento de Torremolinos fue el primero en pronunciarse en la provincia. Dio luz verde, el pasado 30 de noviembre, a una moción del grupo de IU contra la publicidad institucional en aquellos medios de comunicación que todavía permiten anuncios vinculados a la prostitución.

La propuesta fue aprobada con el respaldo de Izquierda Unida, de los siete integrantes del gobierno del PSOE y de los tres ediles de Costa del Sol Sí Puede. No hubo votos en contra, pero sí las abstenciones de las restantes fuerzas: PP (10 ediles), Cs (3) y edil no adscrito.

Inicialmente se daría un plazo de dos meses, hasta finales del pasado año, a los medios de comunicación dispuestos a suprimir el citado tipo de anuncios. No obstante, mediante una enmienda de la formación socialista, el referido plazo fue ampliado a seis meses. IU incidió en que la misma iniciativa fue aprobada previamente en el Ayuntamiento de Sevilla, por unanimidad de todos los grupos, o que en Logroño se dio luz verde a otra propuestas similar, «con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos». Asimismo se refirió a que el Sindicato Andaluz de Periodistas, como multitud de colectivos de mujeres en toda España, apoya esta medida.

El Ayuntamiento de Mijas también se unió a la lista de consistorios españoles unidos con un mismo fin. Fue durante la última sesión plenaria del año que acaba de terminar, el viernes 29 de diciembre. En este caso, igual que en Sevilla, la corporación municipal aprobó de manera unánime una moción institucional «favorable a no contratar publicidad institucional voluntaria, es decir, de forma discrecional, en medios de comunicación locales, provinciales, autonómicos o nacionales que publiquen anuncios de contactos o relacionados con la prostitución».

La propuesta en este caso partió del edil mijeño de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Martínez Ávila, que se refirió al ejemplo del diario El País, que hasta hace unos meses mantenía un tipo de publicidad que le generaba unos ingresos de unos 5 millones anuales. «El periódico en cuestión ha manifestado que su decisión se basaba en los derechos de las mujeres. La decisión fue aplaudida por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que ha recordado que la supresión de este tipo de publicidad es una vieja reivindicación de la organización», expresó el concejal mijeño.

También intervino el portavoz del grupo municipal de Cs, Andrés Ruiz, quien recordó que los ayuntamientos están obligados por la actual legislación a «difundir convocatorias públicas en los medios de mayor difusión, respeten o no esta petición». Por eso avanzó que va a abrirse en el presente 2018 un diálogo con esos medios «para que intenten eliminar esa publicidad».

Incluso se va a instar, desde el Consistorio mijeño, al Gobierno central a que realice una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público para que no incluya en los pliegos cláusulas de este tipo. Al mismo tiempo, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Mijas, Fuensanta Lima, recordó que se trabaja por parte de la Junta de Andalucía en una nueva Ley de Promoción de la Igualdad, cuya aprobación podría producirse en el presente trimestre de 2018, «y que incluirá hasta un régimen sancionador para erradicar este problema».