Rincón de la Victoria es un municipio libre de desahucios en virtud del acuerdo plenario del 16 de septiembre de 2015. No obstante, allegados de Ana Isabel Achutegui se han dirigido a este periódico para denunciar que la mujer, que reside con sus cuatro hijos, todos ellos menores de edad, se verá obligada a abandonar la vivienda que ocupa de manera irregular el próximo 11 de abril.

La madre, malagueña de nacimiento y madrileña de adopción, ha explicado que se trasladó a tierras belgas antes de que, hace alrededor de cuatro años, regresara a la Costa del Sol. «Nos vinimos a Rincón de la Victoria porque a mi hija, que ahora tiene cinco años, le diagnosticaron una bronquitis, que luego resultó ser, o eso decían, amarillenta. Estuvo más de tres semanas hospitalizada y finalmente descubrieron que padecía una hepatitis autoinmune», asegura.

Ana Isabel compartía inmueble con la pequeña y otros tres hijos, que ahora tienen 7, 16 y 17 años de edad. La hospitalización la obligó a dejar su empleo durante semanas, de manera que empezó a ver reducida hasta la última cantidad disponible del dinero ahorrado hasta entonces.

Después de solicitar una ayuda en primera instancia al Consistorio, a los tres meses fue atendida su petición y obtuvo una cuantía mensual de 325 euros. Con ese dinero tenía que abonar hasta los gastos de la escolarización de sus hijos, de manera que la familia se vio obligada a abandonar el domicilio que había alquilado y la hija mayor abandonó los estudios para poder cuidar a la hermana pequeña.

La salida fue forzosa, como relatan. Decidió Ana Isabel alojarse como okupas en un inmueble de la urbanización Isidoro Arias, que pertenecía a una entidad bancaria y que figuraba como disponible en varios portales inmobiliarios. La primera denuncia fue notificada seis meses más tarde. Pese a que la familia mantuvo un encuentro con la jueza el pasado lunes 2 de abril, el desahucio previsto para el miércoles 11 sigue en pie. Con la documentación en la mano, no obstante, la mujer pudo reunirse también con el Ayuntamiento y logró iniciar, el pasado 4 de abril, un periodo laboral en el Consistorio, en virtud del programa de Renta Básica para personas en riesgo de exclusión social. «Lo ideal sería que el contrato fuese al menos de seis meses, de manera que con ese contrato pudiese acceder a un nuevo alquiler. Pero no puedo justificar mi situación laboral con un contrato tan reducido. Ojalá puedan conocer mi situación algunos propietarios y sean sensibles a lo que estamos sufriendo mis hijos y yo», añade.

También está abierta a que alguna empresa pueda ofrecerle, a través del departamento municipal de Servicios Sociales, alguna alternativa laboral. Recuerda que en Rincón de la Victoria ha desempeñado labores de cuidadora a una familia, que hasta cumplir los 20 años ejerció de responsable de una frutería familiar o que en tierras belgas también trabajó en una empresa de limpieza. «Cualquier ayuda en este momento es fundamental. Esperemos poder encontrar una vivienda digna y a un precio que esté a nuestro alcance antes de que el miércoles 11 nos desalojen», finaliza.