La Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ha detectado «graves incumplimientos» medioambientales en el vertedero irregular que durante al menos década y media se mantuvo operativo en las inmediaciones del paraje del Río de la Miel, en el extremo más oriental del término municipal de Nerja.
Dicho espacio se localiza en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y su gestión es objeto de una investigación judicial desde el pasado año. La unidad técnica de la referida sala, dependiente de la Fiscalía General, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox un informe pericial sobre la situación de este vertedero, en el marco de la denominada operación Rubbish, que coordina la Guardia Civil.
El informe detalla que el vertedero incontrolado de residuos se localizó sobre una antigua cantera y que tras la finalización de la labores de explotación de la misma se produjeron incumplimientos normativos diversos. Se especifica, por ejemplo, que cuando el titular de la explotación «estaba finalizando» esta actuación, allá por junio de 1998, mediante un escrito firmado por el entonces alcalde, José Alberto Armijo (PP), «se le notifica que debía emplear en las labores de restauración de la cantera los escombros que el Ayuntamiento había autorizado depositar».
En enero del año 1999, la empresa explotadora solicitó además al Consistorio que se detuviesen los vertidos de escombros en la cantera, al objeto de iniciar los trabajos de restauración, «siendo incompatibles las dos actividades simultáneamente». El informe pericial recoge que la creación de un vertedero en la zona dio lugar a diversas denuncias y expedientes sancionadores contra el Ayuntamiento, tal y como algunos ediles de la oposición denunciaron por entonces de manera pública.
Para la Fiscalía, el hecho de no haber realizado el plan de restauración no es achacable a la entidad explotadora, sino que se debió al vertido de escombros acordado por el Ayuntamiento. «El espacio minero afectado por la cantera no ha sido restaurado por el responsable de la explotación debido al depósito de residuos autorizado por el alcalde de Nerja».
El hueco minero se comenzó a utilizar como vertedero al menos desde 1998 y ocupa una superficie aproximada de 3 hectáreas, con un volumen de residuos de más de 802.000 metros cúbicos procedentes de «restos de podas, residuos de construcción y demolición y, en menor proporción, residuos peligrosos». Actualmente se investigan a casi 40 personas, entre empresarios y cargos públicos, e incluso se procedió el pasado año a bloquear más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en unos 5 millones. Las diligencias las tramita el referido juzgado torroxeño.
