El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha acordado seguir la causa sobre el vertedero ilegal en Nerja por el trámite de procedimiento abreviado contra 13 personas, entre ellas la alcaldesa, Rosa Arrabal, y el exregidor José Alberto Armijo; mientras que decreta el sobreseimiento respecto del resto de investigados hasta ahora.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor analiza los informes existentes y las declaraciones prestadas en este procedimiento, así como las peticiones de sobreseimiento presentadas por parte de los investigados, coincidiendo con el ministerio fiscal en su último informe en que la causa debe seguir contra 13 personas y seis mercantiles; así como contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento como responsables civiles subsidiarios.
La Guardia Civil llevó esta investigación, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que presentó una querella, en la que se señalaba que desde hacía unos 15 años existía este vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del monte público Pinar y dehesa del río Chillar y del Parque Natural Sierra de Tejera, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas".
Así, el juez entiende que debe seguirse la causa respecto a la alcaldesa actual y el exregidor por los delitos de prevaricación administrativa y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, acuerda que continúen en la causa tres exresponsables de la Concejalía de Medio Ambiente y otra de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta; así como siete empresarios.
Petición de la Fiscalía
Acerca de este procedimiento, el pasado verano ya trascendió que la Fiscalía de Málaga consideraba que la causa sólo debía seguir contra 13 de los investigados, por lo que entendía que el resto, hasta más de 40 personas, debían quedar fuera.
Sobre Armijo señalaba que bajo su mandato «se inició la explotación del vertedero»; y sobre la actual alcaldesa se argumentaba que tuvo «conocimiento de la existencia del mismo, no adoptando decisión alguna para su paralización». El proceso seguirá incluso contra una funcionaria de la Administración andaluza.
Respecto al delegado de Medio Ambiente, el reseñado Adolfo Moreno, se mostraba la Fiscalía «sin oposición al sobreseimiento provisional pedido por su defensa», debido a que no tuvo conocimiento de la existencia del vertedero «hasta agosto de 2016», una vez que se mantenía «perdido en un cajón el informe de 2014 que debió dar lugar a la incoación de un expediente sancionador».
Para el fiscal, los informes confirmaban «riesgos de alteración en el equilibrio de los sistemas naturales y sobre el medio, las afecciones patentes sobre el paisaje o el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales».
