El caso de Julen, el pequeño de dos años al que se busca en el fondo de un pozo de Totalán desde el pasado domingo 13 de enero, se encuentra judicializado desde poco después de que se conocieran los hechos. Así lo han confirmado a este diario fuentes judiciales, quienes han añadido que es el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga el que tiene abiertas las diligencias previas en torno a este asunto. Las fuentes, sin embargo, han apuntado que por el momento no es posible conocer más detalles sobre las mismas, aunque esta situación podría cambiar a partir del momento en que el rescate del niño finalice.

Hasta ahora había trascendido que los investigadores de la Guardia Civil habían tomado declaración tanto el dueño de la finca en la que se encuentra el pozo como el empresario que hizo la prospección de agua, según informó Efe el jueves. El pocero aseguró desde el primer día que taponó el orificio y que su actuación fue modificada posteriormente, información que trasladó a la Guardia Civil. La Junta de Andalucía, por su parte, también informó la semana pasada de que no tramitó ningún permiso para excavar el pozo en busca de agua y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta que se solicitase, según fuentes de la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Minas, donde se tienen que pedir.

El rescate del menor se encuentra en la última fase del túnel vertical que se está construyendo de forma paralela al pozo por el que cayó el menor. Una vez alcanzados los 60 metros de profundidad y se proceda al encamisado y rellenado de la galería, será el turno de la Brigada de Salvamento Minero desplazada desde Asturias. Los especialistas descenderán hasta esa cota en la cabina fabricada en los últimos días y desde ahí construir una galería horizontal para tratar de alcanzar la zona en la que se cree que se encuentra el pequeño.