02 de mayo de 2019
02.05.2019
Urbanismo

Exigen a Vélez-Málaga que acate una sentencia firme y urbanice una zona residencial

Los vecinos de Cerroymar-Las Chorreras denuncian que la indolencia del Consistorio le va a costar a los vecinos 1,2 millones de euros más

02.05.2019 | 20:34

La asociación Cerroymar-Las Chorreras, que agrupa a vecinos de esta urbanización del núcleo de Lagos, en Vélez-Málaga, ha exigido al Ayuntamiento que ejecute las obras de reurbanización de esta zona residencial, trabajos que debían haber finalizado en 2002 sin coste para el Consistorio, pero que ahora, afirman, le supondrán una inversión de al menos 1,2 millones de euros.

El presidente de la asociación, Juan Ramón Ibargüengoitia, ha explicado que la reurbanización de esta zona ya estaba prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1996 y que, para ejecutarla, era necesario contratar, tramitar y aprobar por parte del Ayuntamiento un proyecto de reparcelación y otro de urbanización, algo que hasta la fecha no se ha hecho.

Ibargüengoitia ha señalado que, "ante la desidia municipal", un grupo de propietarios se constituyó en 2009 en asociación administrativa de cooperación, que inició una vía amistosa de negociación con el Ayuntamiento "para que cumpliera con sus obligaciones legales y ejecutara la deseada reurbanización de la zona", pero, al no producirse avances, interpuso en 2011 un recurso contencioso-administrativo.

En septiembre de 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga dio la razón a la asociación y condenó al Ayuntamiento a efectuar todos los trámites necesarios y ejecutar los trabajos "con la asunción por parte municipal del coste de dichas obras en todo aquello que superase la cantidad de 600.000 euros", que fue el dinero inicialmente aportado por los vecinos para financiar las obras.

El presidente ha informado de que el Ayuntamiento recurrió parcialmente esta sentencia, concretamente en lo relativo al pago de las obras, pero ha detallado que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó este recurso en junio de 2018.

"La realidad es que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha aprobado el proyecto de reparcelación ni el de urbanización, y la documentación técnica más actualizada fija el coste de dicha reurbanización en 1,8 millones de euros, de los que 1,2 millones deberán salir de las arcas públicas por la inactividad municipal", ha asegurado Ibargüengoitia, que ha recordado que la asociación ha tenido que instar la ejecución forzosa de la sentencia, lo que abocará al Ayuntamiento "al pago de más costas judiciales".

El presidente ha afirmado que "el PGOU no solo es de obligada aplicación para los ciudadanos", sino que "también obliga al Ayuntamiento", y ha lamentado que, además de los propios vecinos afectados, la inactividad municipal deje otro colectivo agraviado: los vecinos de Vélez-Málaga, "cuyos impuestos se van a dedicar a financiar las obras de nuestra urbanización, en vez de irse a otros menesteres".

El secretario de la asociación, Diego Bermejo, ha remarcado que la sentencia "es firme y no ha sido cumplida" y ha considerado que la situación que viven estos vecinos "clama al cielo, por la inactividad del Ayuntamiento, que desde hace 16 años tenía que haber urbanizado el lugar donde estamos y no lo ha hecho".

Como consecuencia de ello, afirma, los vecinos tienen unos viales intransitables para peatones y vehículos, unas fosas sépticas a rebosar por la falta de infraestructuras de saneamiento, un alto riesgo de incendio dada la falta de mantenimiento de zonas verdes, unas deficientes infraestructuras de telecomunicaciones y una falta de alumbrado que está redundando en que los robos "sean cada vez más frecuentes".

Igualmente, ha precisado que en el entorno existen unos importantes restos arqueológicos, pertenecientes a la época fenicia, "que deberían preservar, pero no se puede hasta que haya esa urbanización porque hay que acotar la zona de actuación".

El secretario ha agregado que los vecinos no saben qué hacer pues han intentado la vía amistosa, se han reunido con cuantos técnicos les han pedido, han seguido a pies juntillas las exigencias arqueológicas cuando hicieron sus casas, "pero llegó un momento en que no tuvimos más remedio que irnos por la vía judicial".

"Lo sorprendente es que la vía judicial tampoco ha servido, pues hay una sentencia que al Ayuntamiento recurrió solo en la parte del sobrecoste, no en el fondo, pero todo sigue en la misma situación: no hay ninguna actividad. Ha llegado un momento en que lo que exigimos es que se cumpla la ley, que se cumpla la justicia y que se atiendan nuestros reclamos y pueda haber pronto una urbanización terminada, digna de ese nombre", ha añadido.

Por su parte, el abogado de la asociación, Manuel Alejandro Jiménez, ha puntualizado que lo único que ha hecho el Consistorio desde que la sentencia es firme "son unas catas arqueológicas que hizo en enero de 2018" y que, junto al proyecto, se mandaron a la Consejería de Cultura, que pidió la modificación del mismo porque preveía que un colector pasara por la zona del Bien de Interés Cultural (BIC).

El letrado ha aclarado que desde entonces no ha habido ningún otro movimiento y ha lamentado la situación que vive este grupo de vecinos "que lo único que quieren es algo tan simple como tener una urbanización suficiente y digna, que muchos de ellos ya han pagado, pues cuando pidieron licencia les obligaron a avalar o a depositar en metálico el coste de esa urbanización, y diecisiete años después la urbanización no existe".

"Los tribunales nos dan la razón, el PGOU nos da la razón, pero el Ayuntamiento mira para otro sitio, lleva años mirando para otro sitio", ha afirmado el letrado, quien ha dejado claro que van a llevar la sentencia "hasta sus últimas consecuencias; de hecho, estamos ya pidiendo todo tipo de responsabilidades en esa ejecución de sentencia, pero no puedo salir de mi asombro ante la indolencia municipal".

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