03 de junio de 2019
03.06.2019
Urbanismo

Dueños de casas irregulares exigen a la Junta mayor seguridad jurídica

Los afectados axárquicos asociados bajo las siglas de Soha piden mayor valentía al nuevo Ejecutivo autonómico

03.06.2019 | 05:00
Un grupo de viviendas irregulares situadas en el término municipal axárquico de Alcaucín.

En la actualidad se calcula que la comarca más oriental alberga unas 10.000 viviendas por regularizar, la mitad de toda la provincia.

Propietarios de viviendas irregulares que, pertenecientes a distintos colectivos malagueños, pelean desde hace más de una década por una mayor seguridad jurídica que, por ejemplo, les permita unas mínimas obras de reforma en sus casas vuelven a estar en pie de guerra.

Consideran que el nuevo Ejecutivo andaluz no ha respondido a lo que se esperaba de sus promesas cuando se dirigían como oposición a asociaciones tan representativas como es el caso de Save Our Homes in Axarquía (Soha). Y así lo ha manifestado incluso el portavoz de esta última entidad, el belga Mario Blancke.

Este residente es además alcalde desde 2015 en Alcaucín y concurrió desde entonces por las filas de Cs, que precisamente forma parte del Gobierno andaluz. Él mismo ha catalogado el reciente anuncio del actual consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, de falto de la suficiente valentía. Así, ha matizado que lo expresado por el hasta hace meses presidente de la Diputación de Málaga, sobre la ampliación en el número de construcciones ilegales que puedan acceder a los servicios básicos, «se queda corto e incluso desfasado».

Blancke le recuerda a Bendodo que el anterior Ejecutivo, liderado por el PSOE con el apoyo de Cs, ya había puesto en marcha la catalogación de Legal Fuera de Ordenación, de manera que critica que no se mantenga esa línea de trabajo ya iniciada, a su juicio, con acierto. Para este residente de origen belga quienes que acaban de situarse al frente de la Junta «no han cumplido con las expectativas que habían generado».

Así ha tildado de obsoleta la figura de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) que ha anunciado la Administración autonómica. Esta catalogación fue una «vieja reivindicación de Soha que se ceñía a las viviendas ubicadas en asentamientos o urbanizaciones irregulares».

En términos parecidos se han manifestado portavoces de agrupaciones vecinales de Cómpeta, Torrox o de Frigiliana. «No se entiende lo que anuncia la Junta como algo beneficioso. Para este recorrido no necesitábamos unos nuevos arrieros», lamentaba Lidia Bush. Y su testimonio no es el único que se ajusta a lo apuntado por Soha durante estos últimos días. Calculan estos residentes que en la Axarquía permanecen sin regularizar muchas menos viviendas de las que señala la Junta, que cifraba durante la anterior legislatura en más de 10.000 los inmuebles afectados, la mitad del total en la provincia.

En concreto, la Administración autonómica remarcaba que existían viviendas ilegales o sin regularización en 22 de los 31 municipios, al tiempo que ponía el acento en Alcaucín como uno de los territorios más afectados durante décadas por la construcción de casas fuera de los suelos urbanizables.

De hecho, Soha ha mantenido su epicentro en esta localidad y en la vecina Viñuela. Para Blancke lo que días atrás señalaba Bendodo no es ni más ni menos que la prescripción de la situación de vivienda ilegal. Pero eso no es una regularización, porque no se le da una suficiente seguridad al propietario, que en la mayoría de los casos, tal y como hemos dicho siempre, es una víctima más de la falta de diligencia urbanística en estos territorios de Andalucía».

El regidor de Alcaucín recuerda que en los últimos años incluso se impulsaron diferentes iniciativas ante las Cortes o reuniones de trabajo en la que estuvieron presentes las autoridades diplomáticas del Reino Unido, con el apoyo de otros colectivos de afectados como uno existente en tierras almerienses. Todos esos pasos generaron cierta euforia, que el anuncio de la Junta realizado ahora ha desinflado. Insiste en que las casas fueron adquiridas casi siempre por compradores de buena fe, con licencia de obras y de primera ocupación, aunque fuesen irregulares.

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