27 de junio de 2019
27.06.2019
Tribunales

La Junta se persona en el caso Julen para reclamar el coste del rescate

Ha enviado un escrito al juzgado para anunciar que se persona como perjudicada en el caso contra el dueño de la finca, David Serrano - El coste del rescate fue de 700.000 euros

27.06.2019 | 23:37
Parte del amplio dispositivo montado para el rescate de Julen.

La Junta de Andalucía ha remitido al juzgado un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento.
que lleva el caso por la muerte de Julen, el niño de dos años y medio encontrado muerto en un pozo de Totalán 13 días después de caer en él. Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes apuntan que esto da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate, aunque esto es algo que aún no han concretado.

La Fiscalía de Málaga instó a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que lleva el caso, a que hiciese un ofrecimiento de acciones a la Junta por los gastos generados en el rescate. La jueza remitió dicho ofrecimiento y la respuesta del Gobierno andaluz ha sido personarse en la causa.

Fuentes de la Junta han explicado a Europa Press que se personan en el caso por "responsabilidad y por ser consecuentes con nuestro papel en las tareas de rescate", añadiendo que a lo largo del procedimiento se decidirá sobre si se realiza la reclamación de los gastos derivados del operativo.

La Junta cifró en unos 700.000 euros el coste de todas las actuaciones que se hicieron para rescatar a Julen. Se trató de una verdadera obra de ingeniería civil en un contexto de emergencia, con unas condiciones muy adversas en cuanto a las condiciones del terreno.

Julen cayó el domingo 13 de enero a un pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad. Su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso; y a las 03.29 horas se logró subirlo a la superficie.

El único investigado en este procedimiento es David Serrano, el dueño de la finca donde se encuentra el pozo en el que cayó el pequeño, al que inicialmente se le achaca un presunto delito de homicidio imprudente.

El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.

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