04 de julio de 2019
04.07.2019
Tribunales

La juez ve homicidio imprudente en la actuación del dueño de la finca en cuyo pozo cayó Julen

La instructora afirma que el investigado sabía que la perforación en la que quedó atrapado el niño de dos años estaba abierta y sin protección y, pese a ello, no tomó medidas para evitar un accidente ni alertó a los presentes de su existencia y estado el día de autos

04.07.2019 | 05:00
David Serrano, dueño de la finca donde cayó Julen, a la entrada de los juzgados de Málaga en febrero pasado.

El 13 de enero de 2019, Julen, un niño de dos años, cayó al pozo de una finca a la que sus padres acudieron, junto a otras personas, para hacer un arroz y pasar un día de asueto. El pequeño quedó atrapado en ese hueco, de 33 metros de profundidad, 13 días, hasta ser rescatado ya sin vida, suscitando, al mismo tiempo, una ola de solidaridad que recorrió todo el país. Ayer, en el marco de las diligencias que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital para conocer si existe alguna responsabilidad se conoció que la titular del órgano, Elena Sancho, ha emitido un auto en el que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado e indica que se siga la causa contra el dueño de la finca al ver indicios de criminalidad en su actuación, de forma que este podría haber incurrido en un presunto delito de homicidio imprudente grave.

Ahora, el fiscal tiene diez días para presentar escrito de acusación o pedir el archivo del caso, lo que no ocurrirá; también se da ese tiempo a la acusación particular. ¿Por qué le imputa ese delito? Básicamente poder dejar abierto el pozo, no taparlo y no advertir, siempre según la jueza, de su existencia. La instructora cree que ya no hace falta practicar más diligencias, que la investigación ha terminado y cree que David Serrano, nombre del propietario, era conocedor de que el pozo por el que cayó el niño «se encontraba al descubierto sin estar protegido por las suficientes medidas de seguridad». «A sabiendas de la existencia del pozo abierto y de la falta de protección suficiente y adecuada de la abertura del mismo, no adoptó medida alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo o causa de algún mal para las personas sin alertar a los allí presentes de su existencia y estado», dice la juez.

Sancho aclara que las labores de rescate costaron 687.749 euros, suma que ya ha reclamado la Junta, e insiste en que el dueño no sólo no adoptó precauciones para evitar males mayores, sino que además las obras hechas en la finca para ejecutar las perforaciones y la zanja no tenían los permisos exigidos, por lo que habría incurrido también en infracciones urbanísticas. Así, ya se han abierto los correspondientes expedientes administrativos sancionadores tanto contra él como contra el autor del pozo. Serían dice Sancho, presuntos responsables de una infracción muy grave en materia de seguridad minera.

A la conclusión de que se trataría de un presunto homicidio imprudente llega la jueza tras las declaraciones y diligencias practicadas, e insiste en que el dueño de la finca no alertó de la existencia del pozo a los padres de Julen aquel día. Además, dice, era difícil ver el pozo por su ubicación y por las características del terreno, según revelan las fotografías, las declaraciones y las descripciones de los senderistas que llegaron pronto al lugar.

La abogada de los padres del pequeño indicó ayer que el escrito de la juez especifica los indicios de criminalidad que pesan sobre la conducta del propietario. «Ahora se formulará acusación por parte de quienes estamos personados en el caso», dijo, para añadir que la jueza les da un plazo de diez días para que las acusaciones personaras en el procedimiento pidan abrir el juicio oral, «que ya veremos si tarda en celebrarse uno o dos años» y se formule acusación o se pida el archivo. La defensa de David Serrano, por su parte, recurrirá el auto y negó que su cliente no advirtiera del peligro, ya que su cliente mantuvo que sí lo hizo. De hecho, se quejó de que la jueza no le permitiera llevar a cabo un careo entre su representado y el padre del niño.

Por otro lado, la Junta ha abierto dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca y contra la empresa perforadora en concepto de «presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera». Las sanciones oscilan entre los 300.001 y el millón de euros.

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