El jefe de operaciones de la organización Open Arms -conocida por su actividad de rescate de personas inmigrantes varadas en el mar-, Gerard Canals, denunció ayer la criminalización de la ayuda humanitaria con el objetivo de eliminar a los testigos en el Mediterráneo. Canals, que participó en los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga, defendió la labor de salvamento marítimo de carácter humanitario dedicada a navegar por aguas internacionales en las zonas con flujo de personas inmigrantes. «Con nuestra presencia intentamos que se respeten los derechos humanos. Hacemos un trabajo que es una obligación: rescatar a las personas», dijo.

Gerard Canals denunció ataques dirigidos desde tres frentes: primero, una ofensiva a la credibilidad de las organizaciones, que repercute en la disminución de las donaciones con las que subsisten; a nivel administrativo, con «todas las trabas habidas y por haber»; y, por último, a través de procesos judiciales, que ya han generado casos en otras organizaciones y que traerá «posibles repercusiones muy graves».

Además, criticó que estos ataques alientan a partidos de ultraderecha para usarla como arma arrojadiza ante la concepción negativa de la inmigración proveniente del hemisferio sur y especialmente de África. «Al final la cantidad de personas que podemos llegar a rescatar es muy pequeñita. No hay que perder de vista que las migraciones llegan más desde América y por los aeropuertos de El Prat y Barajas», dijo.

Ante la reciente amenaza con multas de 300.000 a 900.000 euros, Canals se mostró muy crítico con las intenciones del Gobierno de España: «Nos están poniendo trabas por proteger los Derechos Humanos y la vida de las personas en el mar, que es una obligación legal. Una multa de casi un millón de euros finiquitaría la organización. El coste de operación de ese barco es muy alto y no estamos para pagar sistemáticamente multas por haber hecho un rescate», lamentó.

Además, aseguró que estos procesos tienen como objetivo quitarlos de la ecuación, ya que tardan años en resolverse. Sobre este giro de política al cumplirse un año del caso Aquarius, acusó al Gobierno español de cambiar el discurso, «en lugar de posicionarse en la defensa de los derechos de estas personas».

A pesar de las dificultades para aportar un número exacto, la organización tiene la certeza de que rozan las 6.000 personas rescatadas, aunque han colaborado con otras muchas entidades en diversas crisis los últimos años. En este sentido, Canals denunció que la alta presencia de barcos de ONG en 2016 descendió a poco más de tres a final de año por las trabas administrativas y judiciales.