El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó ayer que la administración autonómica va a solucionar en esta legislatura «en gran medida» el problema de las viviendas irregulares en Andalucía y va a dar una salida a la mayoría de afectados, «pero nunca a la totalidad».
Moreno, que se reunió en Vélez-Málaga con representantes del colectivo Save Our Homes Axarquía (SOHA), integrado por propietarios de viviendas irregulares en esta comarca, explicó antes del encuentro que la Junta trabaja en la búsqueda de una solución «beneficiosa para la mayoría».
Para lograrlo, apeló a la cooperación de todos los actores implicados, incluidos los ayuntamientos, «que son competentes también en materia de ordenación del territorio y que, por supuesto, tienen un papel destacadísimo en este objetivo de dar a todos los ciudadanos que viven en esa situación una posibilidad de normalización de sus vidas».
Aseguró que el objetivo es que, en breve, puedan aprobarse en el Consejo de Gobierno medidas que satisfagan a los propietarios que compraron de buena fe, a través de figuras como la de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), aunque reconoció que será «difícil» dar una solución a las 300.000 viviendas irregulares de la región.
«Existen muchas variables, pero lo que sí digo es que, por primera vez en veinte años, hay un Gobierno comprometido con la búsqueda de una solución a las viviendas irregulares en Andalucía y, en esta legislatura, una parte importante de esos propietarios de buena fe va a encontrar una solución a sus problemas», añadió.
El presidente de la Junta informó de que se está trabajando en un decreto-ley para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo que precisó que la Junta va a llegar «al máximo» de sus competencias, pero alertó de que existen normas de carácter estatal o europeo que son «de obligado cumplimiento».
Moreno señaló que lo que no va a hacer la Junta es ir en contra de la ley o «hacer algo que suponga una maraña de recursos» por parte de otras administraciones, y abogó por ser «lo más limpio posible desde el punto de vista normativo para evitar problemas».
Insistió en que el compromiso del actual ejecutivo autonómico se ha reflejado en el encuentro con este colectivo de afectados, al que también asistió la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. «Pocas veces se puede ver a un presidente de la Junta, a la consejera y a todo su equipo encerrándose en una asamblea para discutir y, evidentemente, habrá cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que no, pero vamos a buscar puntos de encuentro», agregó.
Moreno manifestó que el problema es «terriblemente complejo» y la casuística muy diversa, y detalló que «habrá que tirar de toda la audacia posible y de todo el margen legal» para buscar una salida a una situación «que lleva décadas en Andalucía».
Una norma de 2016
Por su parte, Carazo indicó a los periodistas que su departamento trabaja para emplear una norma de 2016 para aplicar la figura de AFO a las viviendas irregulares que contaron en su día con las correspondientes licencias municipales.
En el caso de los asentamientos, la consejera avanzó que se busca eliminar el requisito de que el municipio en el que se encuentren cuente con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que la regularización llegará de la mano de planes especiales.
