La estimación de edificiaciones no autorizadas realizada recientemente por la Junta de Andalucía confirma que la Axarquía en su conjunto constituye, con casi un tercio de ellas, el principal foco de la provincia de Málaga en lo que a la existencia de viviendas irregulares se refiere. En concreto, en esta comarca malagueña estarían situados 15.326 de los casi 50.000 inmuebles -49.812 para ser exactos, de los que ya se cuentan con 18.840 comunicaciones registrales en la Consejería de Fomento- que se habrían contabilizado en Málaga y en puntos límitrofes con otras provincias andaluzas.

No en vano, cuando el pasado martes el Gobierno andaluz anunció tras la reunión del Consejo de Gobierno el decreto ley que permite la regularización de unas 327.000 viviendas en toda la comunidad para su paso a AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), la consejera de Fomento, Marifrán Carazo ya se refirió a la Axarquía y al Valle de Almanzora almeriense como zonas más afectadas por esta problemática y recordó la existencia de reuniones previas con asociaciones de propietarios de estos inmuebles ilegales en sendas localizaciones.

Tras la Axarquía, el espacio que se extiende por toda la Serranía de Ronda y la cercana sierra gaditana llega a albergar otras 14.078 de estas edificaciones y al ámbito geográfico denominado como 'Depresiones de Antequera y Granada' se le atribuyen 12.778. Otro de los territorios señalados en la estimación de la Junta es la Costa del Sol, donde estatrían ubicadas 7.630 edificaciones de las que un porcentaje considerable se focaliza en el término municipal de Mijas, que concentra casi 3.000 casos de posibles regularizaciones.

A este respecto, la delegada provincial de Fomento, Carmen Casero, explicó que "cada zona de la provincia tiene una casuística y habrá que ir resolviendo el problema de forma específica y casi individual". "Este decreto es una herramienta que ponemos a disposición de los ayuntamientos y los particulares para que puedan tramitarlo de manera rápida, ágil y eficaz y puedan estar acogidos al AFO; cualquier agrupación de viviendas o vivienda aislada podrá solicitarlo a su ayuntamiento sin tener que esperar a que su municipio tenga aprobado el plan general", apuntó la delegada de Fomento.

En este sentido, Casero reiteró que "no es una amnistía, pues hay supuestos que no se pueden acoger a este decreto". "Las viviendas que están en suelo de especial protección o las que están en periodo de poder ser legalizadas no tienen cabida en este decreto", dijo la delegada con el convencimiento de que "no es una amnistía, pero tampoco una carta blanca, pues requiere la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos".

Casero expuso que "desde 2003, la herramienta que regulaba el planeamiento de los municipios era la LOUA, que no se ha caracterizado precisamente por ser un instrumento ágil ni resolutivo en ningún municipio andaluz". "Estamos hablando de 300.000 viviendas en Andalucía, unas 50.000 aproximadamente en Málaga, que esperaban resolver una situación que ninguno de los anteriores equipos de gobierno andaluces han sabido solventar, mientras esta normativa tan farragosa sometía a las familias afectadas a trámites de 15 o 20 años y a una angustia innecesaria", apostilló Casero.