No sólo prima la reducción de los impuestos que cada Ayuntamiento, y por extensión de todos y cada uno de sus contribuyentes, debe reunir para costear el transporte en la gestión de los residuos. Los consistorio reconocen que esa es la partida que mayor cuota requiere en el tratamiento de estos materiales, pero al mismo tiempo recuerdan que abrir una planta para la Axarquía propiciaría una reducción muy significativa en la «huella ecológica», por la emisión de CO2 a la atmósfera.

En este sentido, según fuentes del Consorcio de Residuos Sólidos de la Diputación de Málaga, la comarca oriental en virtud de su orografía y de la distancia hasta la planta antequerana de Valsequillo ahorraría una importante cifra económica si dispusiera de instalaciones propias, más cercanas a los núcleos de población.

Además, los ayuntamientos señalan que se mejoraría el servicio, pues se podrían «añadir nuevas líneas de filtrado y de selección de residuos para reutilización». Y es que la carga orgánica durante muchas fases del año en la poda que se realiza a aguacates y mangos es rica. Pero al mismo tiempo podrían reutilizarse lodos, electrodomésticos y un cupo importante de residuos agrícolas no peligrosos.

«Pero este transporte también supone una carga importante de contaminación. Las estimaciones municipales más benévolas es que estos camiones emiten más de 10,5 toneladas al año de dióxido de carbono por vehículo, algo a evitar con una planta de tratamiento en la Axarquía y que es de obligado estudio cuando se plantean cuestiones medioambientales y de sostenibilidad en pleno cambio climático», señalan los investigadores.

Eso sí, inciden en la necesidad de planificar esta infraestructura a largo plazo, con un horizonte de 30 años. De hecho, la planta de Valsequillo, la principal de la provincia, apenas llegará a 2025, al no poder habilitar más vasos de desechos y no poder reciclar ni siquiera el 50% del material que recibe.