El alcalde de Torrox, Óscar Medina, y el que fuera recaudador de la Villa, Antonio Barragán, suscribieron ayer un acuerdo de liquidación de la indemnización por el despido del economista hace ahora 30 años sin los tres meses preceptivos de preaviso que estipulaba el contrato firmado entonces.
A sus casi 80 años, el recaudador ha recibido 4,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento da por finalizada una de sus páginas de mayor controversia «por las constantes negligencias cometidas por el Ayuntamiento en defensa de los intereses de los vecinos durante todo el proceso», explicó Medina.
El acuerdo contraído entre ambas partes se ha hecho efectivo con un último pago de 3,5 millones de euros. Los 1,2 millones restantes los percibió el recaudador en los años 90, según explican fuentes municipales través de un comunicado.
El 2 de febrero de 1990, el pleno de la corporación, presidido entonces por el socialista Ildefonso Mateos, acusó al recaudador de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios sin concederle los tres meses de preaviso estipulados en el contrato firmado entre ambas partes.
A partir de ahí, han recordado, se inició un culebrón judicial en el que el trabajador llegó a pedir ser indemnizado por un montante de más de 12 millones de euros, lo que ha mantenido en jaque las cuentas del Consistorio y por lo que han sido embargadas varias parcelas de propiedad municipal.
El expediente jurídico que comenzó el siglo pasado se ha cerrado después de que fueran aceptadas, al menos en parte, las alegaciones presentadas por Medina en diciembre de 2016 y los tribunales redujeran la indemnización a 4,5 millones de euros.
El alcalde apuró una última negociación entre las partes, que han acordado la cantidad de 3,5 millones de euros para cerrar el asunto, permitiendo que el Ayuntamiento se haya ahorrado hasta siete millones de euros.
