16 de septiembre de 2020
16.09.2020
La Opinión de Málaga
Urbanismo

Los afectados por las casas irregulares en la Axarquía presentan alegaciones a la nueva ley

SOHA afirma que la nueva norma andaluza obligaría a revisar hasta 600.000 actos administrativos

16.09.2020 | 21:05
Mario Blancke y Philip Smalley , portavoz y presidente de SOHA, respectivamente.

La asociación SOHA –Salvemos Nuestras Casas-Axarquía– informó ayer de las alegaciones presentadas a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con motivo de la exposición pública del anteproyecto de la nueva Ley del suelo andaluz, más conocida como LISTA –Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía–.

Así, en el acto, en el que estuvieron el presidente de la asociación, Philip Smalley, y el portavoz, Mario Blancke, estos indicaron que estas alegaciones se han presentado en virtud de sus objetivos, «entre los que se encuentra el principal: la defensa de los derechos de los propietarios de las viviendas irregulares».

El presidente de SOHA, que agradeció el esfuerzo de la Consejería de Ordenación del Territorio en la redacción del nuevo texto, resaltó que esta ley reconoce por primera vez, en su artículo 158, la existencia de estas viviendas.

Smalley insistió en que la existencia de la vivienda irregular en la Axarquía «es muy diferente a la vivienda ilegal, ya que estuvieron amparadas por un acto administrativo, es decir, la licencia de obras y la licencia de primera ocupación».

«Los propietarios de estas viviendas al adquirir las mismas pagaron las tasas e impuestos municipales que el ayuntamiento demandó», precisó, señalando que el consistorio «les otorgó la licencia de obras tras satisfacer dichas tasas creando una apariencia de legalidad».

Smalley manifestó que los propietarios de estas viviendas, «viendo todo lo anterior, estuvieron convencidos de que estaban dentro de la más estricta legalidad».

Por otra parte, señalaron que «la nueva ley de ordenación del territorio de Andalucía, en caso de no modificar su articulado, obligaría a la Administración a revisar hasta 600.000 actos administrativos».

El portavoz de SOHA, Mario Blancke, valoró que su entrada en vigor «permita la autorización de obras parciales y circunstanciales de consolidación de las viviendas irregulares, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición».

Sin embargo, Blancke criticó la ligereza por parte de los ayuntamientos en la aplicación del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 para declarar la nulidad de sus propios actos». «Este artículo se creó para una aplicación de manera excepcional, no para una utilización sistemática para tapar sus propias vergüenzas», precisó.

Por ello, Blancke instó a la Consejería a adoptar una solución «que no vuelva a perjudicar al ya perjudicado, el comprador de buena fe».

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