La Fiscalía pide el archivo del caso de vertidos en Nerja

La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido el archivo provisional de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox por vertidos de aguas residuales sin depurar en Nerja, ya que, aunque los estima acreditados y potencialmente lesivos, no ve responsabilidad penal en los responsables de las administraciones implicadas.

El procedimiento comenzó tras las denuncias de un empresario hostelero de Nerja y de Ecologistas en Acción sobre vertidos de aguas residuales al mar. Tras la instrucción realizada en el juzgado, la fiscalía apunta a la «caótica gestión ambiental de los vertidos de aguas residuales del municipio».

El fiscal de Medio Ambiente analiza todos los informes y dictámenes de distintos organismos y administraciones, que confirman los vertidos sin depurar y apuntan a posibles daños en las aguas y en la fauna, detectándose «principalmente toallitas y plásticos». A la vista de las periciales practicadas, se considera «indiscutible la existencia de una posibilidad de daño para el medio ambiente en el vertido continuado de aguas residuales urbanas sin depurar a lo largo de los años».

Se trataría, de «nueve toneladas de basuras marinas acumuladas en los puntos de vertido de los emisarios, más la que sin computar en el informe pudieran estar ubicadas en otros puntos». Un problema que «era conocido por todas las administraciones con competencia en la materia desde su inicio».

El fiscal indica que desde 2006, se suceden los expedientes sancionadores, «pero no la obligación del cese de los vertidos sin autorización», alegando el Ayuntamiento que no podían cesar por la inevitable actividad humana y porque «no hay depuradora».

La fiscalía afirma que el Consistorio debía garantizar el medio ambiente y ha sido sancionado en el ámbito administrativo. Pero, en el ámbito penal, «no parece acreditada la responsabilidad por omisión de los gestores municipales investigados», ya que el municipio tiene 20.000 habitantes, que se multiplican en verano y «no existe posibilidad de suspender la evacuación», algo que sólo podría evitar una depuradora cuya responsabilidad es de la administración central y en momentos de la autonómica.

Tampoco ve responsabilidad penal de la Junta de Andalucía, que no ha dejado de vigilar y sancionar los vertidos «con cierta discontinuidad y escasos resultados».

Sobre la responsabilidad del Gobierno central, la Fiscalía indica que la construcción de la depuradora ha vivido un «largo y tortuoso camino» que acredita «la lentitud e ineficacia de la administración» para solucionar problemas de este tipo, máxime cuando han de coordinarse distintas administraciones para la aprobación, licitación y ejecución de grandes infraestructuras».

La depuradora empezará a funcionar 27 años después de la declaración de interés general del Estado, pero no aprecia responsabilidad criminal por «las vicisitudes administrativas, económicas e incluso legislativas del proceso».