El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), se ha declarado inocente en el juicio que se celebra contra él por delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos tras no celebrar un pleno extraordinario solicitado por el PP y ha negado que no quisiera celebrarlo.

El juicio comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga. El regidor se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Moreno Ferrer declaró que no tuvo intención de no celebrar el pleno y que actuó conforme a los informes jurídicos del secretario municipal, la dirección general del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Consejo Consultivo de Andalucía.

«Nunca se me ha pasado por la cabeza no celebrarlo, otra cosa es cómo», declaró, al tiempo que dijo que siempre ha celebrado los plenos con los informes jurídicos pertinentes, «no de forma arbitraria».

Explicó que él no es jurista y que el primer informe elaborado por el secretario era «farragoso y extenso» pero que aún así hizo caso a lo que se decía en el escrito y dio vía libre a que se celebrara el pleno respecto a un punto.

Respecto a los otros siete puntos, aseguró que dictó un decreto con un plazo de diez días para que se subsanaran las deficiencias, periodo en el que dejó en suspenso el plazo para la convocatoria, pero que se encontró «en un galimatías jurídico» y que nunca entendió que se había concluido el expediente de subsanación.

Relató que durante ese tiempo no hay informe del secretario y que en un pleno el PP le advirtió de que se pasó el plazo de suspensión, tras lo que el secretario se levantó y convocó el pleno.

Moreno insistió en que ante esa discrepancia jurídica decide elevar el asunto al Consejo Consultivo de Andalucía y cuando se pronuncia diciendo que el pleno debe convocarse él lo convoca al día siguiente.

El fiscal mantiene que el PP solicitó el 30 de diciembre de 2016 un pleno extraordinario para debatir ocho puntos. El 23 de enero de 2017 se celebró con el punto octavo.

El día antes de celebrarse el segundo pleno, el alcalde aprobó el inicio del procedimiento de revisión de oficio. Y el día previsto para el pleno, los ediles se encontraron el salón de plenos cerrado y no pudieron ejercer sus derechos cívicos.