Cae una trama de falsos agricultores que blanqueaba capitales en la compraventa de subtropicales en la Axarquía

La Policía Nacional y la Guardia Civil han informado de la operación conjunta, denominada Aspa-Schet, conocida a principios de mes y que ha permitido desarticular un entramado criminal dedicado al fraude fiscal, la falsedad documental y el blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical en la comarca malagueña de la Axarquía. La investigación, que ha transcurrido en dos fases, se ha saldado con la detención de 82 personas por su presunta implicación en los hechos. De los mismos conoce el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga.

Entre los arrestados hay un empresario de 67 años, propietario y administrador único de una empresa líder en el mercado de fruta subtropical a nivel europeo, y un director de una sucursal bancaria en Vélez-Málaga (Málaga). Según ha podido confirmar este periódico, la empresa en cuestión es Frutas Montosa, que tiene su sede en Valle-Niza .

Así, se calcula que el importe defraudado a la hacienda pública supera los cuatro millones de euros por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA. A esta cantidad hay que sumar las relativas a importantes regularizaciones voluntarias efectuadas, en su momento, por los principales investigados como consecuencia de una primera tirada con más de 50 arrestos y otras cuantías que se estiman millonarias, aún todavía por determinarse, en el impuesto del IRPF de más de 300 testaferros.

En la operación, desarrollada en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga capital, Rincón de la Victoria y Veléz-Málaga, se efectuaron 28 registros --tanto en domicilios particulares como sociales--, interviniéndose más de 1.700.000 euros en efectivo, ocho vehículos de alta gama e ingente documentación que acredita al fraude a la hacienda pública.

Además, se procedió al bloqueo de productos financieros de los investigados y las mercantiles controladas por el entramado, así como decenas de vehículos y centenares de inmuebles. La trama, formada por multitud de personas físicas y jurídicas, se dedicaba a defraudar sistemáticamente a la hacienda pública con una red de facturación falsa, constituida en torno a supuestos gastos incurridos por una empresa malagueña, líder del mercado de fruta subtropical a nivel europeo.

Según la investigación, el modus operandi consistía, fundamentalmente, en generar compras ficticias por las que se abonaban cuotas de IVA indebidas, con el consiguiente fraude a la hacienda pública en diferentes tributos y ejercicios fiscales. La certeza de la falsedad de esas transacciones se fundamentó en que, una vez abonadas las facturas por la sociedad, el dinero retornaba a una caja B de dinero en efectivo en poder de la organización.

Para ello, la trama criminal contaba con un gran número de personas, de muy variada ocupación y clase social, entre ellas empresarios del sector, un director de un banco, empleados de gestorías, corredores e intermediarios de fruta, agricultores locales y más de 300 testaferros.

Falsos agricultores

La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron que, por parte de intermediarios en el comercio de frutas de la Axarquía, estaban facturando la venta de grandes cantidades de fruta subtropical de procedencia desconocida a empresas del sector, utilizando para ello la interposición de personas de escasos recursos sin vinculación con el mundo agrario, es decir, falsos agricultores a los que la trama facturaba fruta que realmente había sido producida y entregada en la mayorista frutícola por productores locales que no deseaban declararla.

Esos falsos agricultores, que aportaban su documentación a cambio de una pequeña prestación económica, eran dados de alta en el régimen agrario por la organización criminal, que falsificaba los documentos de compraventa de la fruta subtropical a fin de dar a la actividad apariencia legal e introducir los productos en el mercado.

En la red también se encontraban numerosos productores agrícolas, dados de alta legalmente en el régimen establecido, que no deseaban facturar toda su producción para no declarar legalmente la verdadera cosecha y así obtener diversos beneficios fiscales.

Entre febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo la primera fase operativa que condujo a la detención de 55 personas y la práctica de ocho registros domiciliarios, que trajo como resultado la intervención de 770.585 euros en efectivo, el bloqueo de cuentas bancarias con un saldo de 360.403,69 euros, el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles, así como la intervención de un importante volumen de documentación física y digital.

Posteriormente, en una segunda fase que se extendió a fechas recientes, se actuó contra la dirección de la organización criminal y la red de transportistas emisores de facturación falsa. Desde ese momento, agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en Málaga, iniciaron un análisis documental que permitió escalar en el entramado, hallando indicios de la implicación tanto del propietario de la empresa líder del mercado de fruta subtropical como de varios trabajadores.

A la causa se incorporó un especialista en auxilio judicial de la Agencia Tributaria (AEAT) que, junto con el trabajo de los investigadores policiales, permitió aflorar un fraude millonario a la hacienda pública mediante una extensa red de facturación falsa y el empleo de personas interpuestas o testaferros, tanto en el mercado de fruta como en el de otros servicios de soporte al mismo.

En esta segunda fase se practicaron una veintena de registros en domicilios de personas físicas y jurídicas --incluido el llevado a cabo en la sede social de la compañía líder en venta de frutas subtropicales--, así como la detención de 27 personas, la intervención de 991.855 euros en efectivo y cinco coches de alta gama, además del bloqueo de productos financieros de los investigados y las mercantiles controladas por la red.

Entre los investigados figuran un empleado de una sucursal bancaria en la que se abonaban los cheques con destino fraudulento, unos talones emitidos a favor de los falsos agricultores y que eran cobrados por la organización en una entidad de Vélez-Málaga, y también un alto cargo de la empresa del principal sospechoso, que se encargaría de la contabilidad y de la gestión de la caja B en efectivo de la organización.